Ayer me tocó presenciar una de las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en contra de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos, obligándosele además a la referida institución aplicadora de la ley a regresar al erario más de 15 mil millones de pesos.
Para los diputados y senadores de Morena y sus aliados los fideicomisos fueron constituidos por medio de una práctica ilegal, como lo es el subejercicio presupuestal, práctica prohibida por el Artículo 214 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: “Queda prohibido constituir o participar en fideicomisos, mandatos o análogos, con ahorros, economías o subejercicios del Presupuesto de Egresos, que tengan por objeto evitar la concentración de recursos en la Tesorería al final del ejercicio correspondiente”.
En síntesis, el subejercicio presupuestal, de lo que se acusa a la cúpula de la Corte de Justicia, es la diferencia entre el monto de recursos ejercido y el originalmente programado para un determinado periodo; o dicho con otras palabras, deliberadamente se gasta menos de lo autorizado para cumplir ciertos fines, que pueden ser dolosos o no dolosos.
Por supuesto, la posición de la Corte de Justicia encabezada por la ministra presidenta, Norma Piña, asegura que la constitución de los fideicomisos fue de manera legal y que, de extinguirse, se afectarán los derechos laborales de los trabajadores de base; a lo que desde La mañanera se responde que Norma Piña utiliza a los trabajadores de base para defender los privilegios de los altos funcionarios judiciales.
Así las cosas, y como el diálogo entre el presidente Andrés Manuel y la ministra presidenta, Norma Piña, está cancelado, lo mismo que entre ésta y el Congreso de la Unión, en el que tiene mayoría Morena, se decidió en los altos mandos de la Corte de Justicia medir fuerzas con Andrés Manuel y el Congreso de la Unión.
Se anunció paro de labores y protestas callejeras y se cumplió. De todos es sabido que la protesta pública, el derecho de petición y la libre manifestación de las ideas son derechos humanos garantizados por la Constitución.
A cualquier persona le asiste estos derechos. Sin embargo, no deja de provocar asombro que, como nunca en la historia del PJF, jueces, magistrados y secretarios de estudio y cuenta recurran al paro de labores y salgan a protestar para reclamar lo que consideran son sus derechos, cuando que se supone que ellos están obligados a enseñar con el ejemplo que el camino a seguir es el de la juridificación del conflicto y el diálogo.
Y más sorpresa nos causa todavía el hecho de que, según escenas que muestra la televisión, en la Ciudad de México funcionarios judiciales manifestantes bloquearon calles, provocando caos vial y se enfrentan a empujones y jaloneos con los agentes del orden.
Afortunadamente en Monterrey no sucedieron estos desagradables hechos. Las protestas han sido pacíficas, sus consignas han sido: “Respeto a la división de poderes e independencia judicial”, “El PJF garantiza los derechos humanos de todos los mexicanos”; y por medio de gritos de los manifestantes:“Independencia judicial garantía nacional”, “México escucha, esta es tu lucha”.
Pero, uno se pregunta: ¿Qué derechos específicamente están a punto de perder los funcionarios judiciales? ¿Por qué no los dicen en sus consignas? ¿Serán derechos laborales que el grueso de la población ni siquiera puede soñar? Sea lo que sea, con el arma del derecho la salida es el diálogo, la negociación, no la confrontación.