No toda la culpa de la mala calidad de la justicia y de la indolencia de funcionarios judiciales, que en el ejercicio de sus labores actúan de manera desinteresada y negligente, sin los conocimientos necesarios para aplicar el derecho y sin sentir amor por la justicia, recae en el Poder Judicial; también son responsables de esta situación las escuelas de derecho y la SEP.
No se le puede pedir peras al olmo. A no ser que el egresado de una escuela de derecho esté decidido a esforzarse por sí mismo para llegar a ser un buen juez o abogado, ¿cómo esperar que haya buenos jueces y abogados si la educación jurídica en México es de mala calidad?
Es verdad que desde 1994, con el TLCAN, llegó a México la cultura de la certificación; pero lo que se certifica no son los planes de estudio, los contenidos de la educación jurídica, ni la capacitación y formación del cuerpo docente y su estabilidad en el empleo. Lo que importa es la certificación de la eficiencia terminal, es decir, que se titulen de inmediato.
Lo importante es que los alumnos realicen sus estudios formales y aprueben cada una de las asignaturas de la malla curricular. En algunas universidades, ésta se integra con 60 materias, que es el promedio; en otras, con 69; y en algunas, con 39, distribuidas en nueve tetramestres.
¿Y qué hace el recién egresado de una escuela de derecho, sin ningún tipo de experiencia? Comienza a buscar un despacho de abogados para aprender la profesión de abogado, o bien, alguien que lo recomiende para acceder como oficial judicial al PJF. Pocos logran ese propósito antes de concluir sus estudios formales.
Y viene lo bueno: “El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija”. Si el egresado de una escuela de derecho se arrima a un tribunal donde hay un buen juez, o a un despacho de abogados de un buen abogado, aprende cosas buenas, de lo contrario aprende mañas.
¿Pero, por qué es responsable también la SEP de la mala educación jurídica? Porque, sin exagerar, aprueba todo lo que le es solicitado por las escuelas privadas que se dedican a la enseñanza del derecho. ¿Y las públicas? En otra ocasión me ocuparé de este tema.