La presidenta Claudia Sheinbaum señaló hace algunos días que quienes aspiren a un cargo de elección popular en 2027 deberían, desde ya, considerar pedir licencia para estar en condiciones de participar en esos procesos conforme a la ley. Esta declaración pone sobre la mesa un tema fundamental de ética política: la responsabilidad frente al encargo actual. Aunque ya hay algunos acelerados.
El panorama en Hidalgo para 2027 es de una actividad democrática intensa. Se renovarán las diputaciones federales, el Congreso Local y las 84 presidencias municipales. Lo interesante de este ciclo es que, mientras la discusión nacional sobre la eliminación de la reelección avanza, en nuestra entidad este derecho sigue vigente y será aplicable hasta 2030. Esto significa que muchos de los actuales representantes tienen ante sí la tentación de la continuidad, lo que obliga a elevar el estándar de transparencia en su actuar.
La renovación del Congreso del Estado (con sus 18 diputaciones de mayoría y 12 de representación proporcional) y de los 84 Ayuntamientos electos en 2024 no debe ser vista simplemente como un calendario de relevos de poder. Por el contrario, es una oportunidad para que quienes hoy ocupan una curul o una oficina municipal demuestren que su prioridad es la entrega de resultados, no la construcción de una candidatura con recursos públicos.
La propuesta de fondo debe ser la responsabilidad administrativa. Si un funcionario decide buscar la reelección o un nuevo cargo en San Lázaro, lo mínimo que la ciudadanía hidalguense merece es: Cuentas claras antes del adiós: No se puede saltar a una nueva posición dejando pendientes legislativos o presupuestales en los municipios. Igualdad de condiciones: La separación del cargo, como sugiere el Ejecutivo Federal, garantiza que no se utilicen las plataformas institucionales para beneficio personal. Respeto al mandato original: Quienes fueron electos en 2024 asumieron un compromiso por un periodo determinado. Cumplir con ese tiempo es una forma de respeto al voto ciudadano.
Aunque la gubernatura no entrará en juego hasta 2028, el ordenamiento de los gobiernos locales en 2027 definirá el rumbo de Hidalgo para la segunda mitad de la década. En este contexto, la reelección no debe ser un cheque en blanco, sino una evaluación estricta de desempeño.
La verdadera política propositiva es aquella que entiende que el servicio público es un préstamo de confianza por parte del pueblo. Quien aspira a seguir sirviendo debe empezar por honrar su puesto actual hasta el último minuto, o tener la integridad de apartarse para que el trabajo institucional no se detenga por intereses electorales.
En Hidalgo, el compromiso debe ser con la estabilidad de nuestras comunidades y la solidez de nuestras instituciones. Solo así pasaremos de una democracia de candidatos a una democracia de servidores públicos.