Hace un par de semanas estuve en el campamento de migrantes ubicado a las orillas del Río Bravo en Matamoros, Tamaulipas. Son cerca de mil 600 migrantes, en su mayoría familias centroamericanas que solicitaron asilo en Estados Unidos y que permanecen en esta frontera a la espera de que se resuelvan sus casos de asilo en las cortes estadunidenses.
Desde la implementación del acuerdo bilateral conocido como “Permanece en México”, cerca de 60 mil migrantes han sido forzados a regresar al lado mexicano de la frontera y permanecer ahí a la espera de sus citas de asilo. Algunos llevan más de un año esperando en este campamento de Matamoros, en el que la higiene y la sana distancia son apenas buenas intenciones. Los migrantes, adultos y niños, comparten baños portátiles mantenidos por los propios residentes. Diferentes familias viven en tiendas de campaña, en las que reparten el poco espacio disponible para dormir hombro con hombro. Recientemente se instalaron estaciones para lavarse las manos, improvisadas con tinacos y tuberías de PVC.
Las pocas organizaciones sin fines de lucro que permanecen en el campamento para brindar apoyo a los migrantes han detectado al menos cinco casos de coronavirus, pero su capacidad de diagnóstico es aun más limitada que la del gobierno mexicano. Docenas de personas permanecen aisladas del resto de la comunidad en una zona acordonada cerca del campamento principal.
Esta semana, el agua que dejó la tormenta Hanna en la región amenaza con desbordar el Río Bravo y la integridad del campamento. Human Rights First ha documentado cientos de crímenes cometidos contra los solicitantes de asilo a lo largo de la frontera y Matamoros es considerado uno de los lugares más peligrosos. El departamento de Estado lo pone en el mismo nivel de alerta de viaje en el que tiene a países como Siria y Afganistán. Por si esto fuera poco, desde que se declaró oficialmente la pandemia en Estados Unidos, las cortes de inmigración suspendieron las audiencias de asilo, prolongado de manera indefinida la estancia de estas familias en el campamento.
Nadie se hace responsable de estas familias. Los gobiernos de Estados Unidos y México han abandonado a miles de personas que huyen de la violencia en Centroamérica y piden nuestra protección. Es fácil perderlos de vista en medio de la emergencia global, pero si no podemos proteger a los más vulnerables, qué podemos esperar los demás.
@Enrique_Acevedo