El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha hecho grandes promesas en materia de seguridad que incluyen reuniones con Omar García Harfuch, titular de esa cartera a nivel federal; millones de pesos invertidos en la Fuerza Civil y un despliegue tecnológico que suma helicópteros y vehículos blindados, como las célebres Black Mambas .
Pero, ¿qué tan efectivo ha sido todo este despliegue de recursos? ¿Cómo se pueden justificar estos logros en un estado donde los homicidios dolosos han aumentado 28.36% en lo que va de este 2024?
Es verdad que García Sepúlveda ha impulsado iniciativas impresionantes. Ha dotado a la Fuerza Civil de equipamiento de primera, desde nuevas patrullas hasta un edificio nuevo que albergará a todas las dependencias de seguridad del estado. Incluso su Gobierno presume ser pionero en la formación de policías con licenciaturas en mando y administración policial. Pero el gobernador parece más enfocado en dar conferencias y mostrar armamento que en atender la realidad de los habitantes de Nuevo León, que viven sumidos en una creciente ola de violencia. No basta con mostrar helicópteros y blindaje si los ciudadanos siguen enfrentando la inseguridad todos los días.
Mientras Samuel García despliega su arsenal mediático, los datos cuentan otra historia: mil 145 homicidios dolosos entre enero y agosto de 2024. Una cifra que revela una cruda realidad: a pesar de la inversión millonaria y los logros que el Gobierno estatal enarbola, la seguridad en Nuevo León
sigue siendo un talón de Aquiles.
No es suficiente con tener el mejor equipo, las mejores armas, si la delincuencia parece ganar la batalla.
¿De qué sirve hacer leyes, implementar reglamentos y destinar recursos si, al final, no podemos cumplir con las promesas básicas de seguridad para la población?
Esta realidad se vuelve aún más compleja con los recientes escándalos que han salpicado una vez más al gobernador. Samuel García, ahora sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violar la Constitución al utilizar recursos públicos para promover las candidaturas al Senado por el partido Movimiento Ciudadano. Aunque el gobernador intenta restablecer la importancia a este hecho, la sanción es contundente: violó el principio de imparcialidad y neutralidad que debe regir a los funcionarios en períodos electorales. Y lo hizo, ni más ni menos, que a través de sus redes sociales, donde publicaron encuestas que favorecían a sus aliados.
Este es otro ejemplo de cómo las leyes, esas que tan bien sabemos hacer en México, no se cumplen. Porque, aunque el gobernador sea sancionado, la realidad es que sigue en el cargo, y el Congreso del Estado tendrá que decidir qué tipo de sanción, si es que ahora sí llega alguna.
Somos buenos en la letra muerta, en el papel, en los discursos, pero cuando llega el momento de hacer valer esas leyes, de convertirlas en realidad, es donde tropezamos una y otra vez.
Esta semana, el Banco Mundial (BM) ha señalado en múltiples ocasiones que México es uno de los países que más se destaca en la creación de reglamentos y marcos normativos, pero también uno de los que más falla a la hora de garantizar su cumplimiento. de acuerdo con el estudio Business Ready del BM ocupa una posición destacada a nivel global en cuanto a la creación de marcos regulatorios. Nos colocamos en el noveno lugar entre 50 economías analizadas y eso no es poca cosa. Sin embargo, cuando se trata de hacer cumplir esas leyes y reglamentos, caemos estrepitosamente hasta el puesto 30.
Este fenómeno no es exclusivo del ámbito económico. La misma lógica aplica a la seguridad, donde se destinan millones de pesos en armamento y formación policial, pero los resultados no se ven reflejados en la vida diaria de los ciudadanos.
La administración de García es un claro ejemplo de esta desconexión entre lo que se promete y lo que se cumple. Ha construido una narrativa donde parece que el estado está ciego contra la delincuencia, donde se invierten recursos históricos y se forman policías de élite. Sin embargo, la impunidad y la ineficiencia operativa de nuestras instituciones se traducen en un estado de inseguridad constante, donde los delincuentes parecen estar un paso por delante.