La falta de una respuesta efectiva ante la violencia es un problema que se agrava con la descoordinación entre las distintas corporaciones de seguridad y la falta de recursos
El contraste entre la seguridad percibida en San Pedro Garza García y el resto del Área Metropolitana de Monterrey revela una profunda discrepancia que las políticas públicas del Gobierno estatal parecen ignorar. Mientras el gobernador Samuel García se presenta victorioso con vecinos y personalidades en el estadio de Rayados para rendir un Informe regional, los eventos recientes en Monterrey reflejan un panorama mucho más sombrío y preocupante. El hallazgo de restos humanos desmembrados en la colonia Alfonso Reyes es un recordatorio tangible de la violencia que sigue afectando al estado, a pesar de los avances proclamados por García Sepúlveda.
Durante su Informe, Samuel se jactó de que Nuevo León ha mejorado en seguridad al punto de ser uno de los estados más seguros del país, según las cifras del Inegi. Además, resaltó que la entidad es una de las dos únicas que no cuenta con alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos, lo que, según él, es un indicativo de la seguridad del estado. También mencionó que la percepción de inseguridad ha disminuido, pasando de 51 puntos a 40 en los últimos tres años, lo cual representa, en sus palabras, una mejora significativa.
Sin embargo, estas afirmaciones chocan con la realidad que vivimos en muchas zonas de Monterrey y sus alrededores, donde los ciudadanos comunes enfrentamos una violencia diaria que no se refleja en las estadísticas que presenta el Gobierno.
La descoordinación entre los diferentes niveles de Gobierno, sumada a los operativos que no logran contener a los grupos criminales, tiene a la población en un estado de alerta constante.
San Pedro Garza García, con apenas 11.7% de percepción de inseguridad, es la excepción en el Área Metropolitana. Este municipio, conocido por su alto nivel de desarrollo económico, ha logrado mantener un entorno seguro gracias a políticas locales que priorizan la inversión en seguridad y tecnología. Mientras tanto, Monterrey y otros municipios cercanos, como Guadalupe, donde se celebró el Informe del gobernador, siguen lidiando con problemas que no parecen tener solución a corto plazo.
Las declaraciones de García Sepúlveda sobre la seguridad en Nuevo León parecen fuera de lugar cuando contrastan los hechos en el terreno de la verdad. Monterrey continúa siendo escenario de episodios de violencia extrema, donde la delincuencia organizada sigue operando con impunidad en la ciudad. Además, la falta de una estrategia coherente y coordinada entre las autoridades estatales y municipales deja a los ciudadanos vulnerables.
El gobernador presume avances en inversión extranjera, generación de empleos y proyectos de infraestructura, como la renovación de la flotilla de transporte urbano, pero estos logros palidecen frente al desafío de brindar seguridad a la población.
La falta de una respuesta efectiva ante la violencia es un problema que se agrava con la descoordinación entre las distintas corporaciones de seguridad y la falta de recursos suficientes para enfrentar a los cárteles que operan en el estado.
Mientras San Pedro logra mantener la calma y la seguridad, gracias a su autonomía y capacidad de gestión, Monterrey parece estar atrapado en una espiral de violencia que las políticas estatales no han sabido contener. La percepción de que San Pedro es un refugio seguro, en comparación con el resto del Área Metropolitana, no hace más que resaltar las fallas en las políticas públicas del Gobierno estatal.
Si bien el gobernador Samuel García insiste en que “trabajo mata grilla”, los ciudadanos de Monterrey y Guadalupe no ven reflejado ese trabajo en sus calles.
La mejora en las estadísticas no se traduce en una sensación de seguridad para quienes enfrentan diariamente la posibilidad de ser víctimas de la violencia. Los cuerpos desmembrados encontrados en Monterrey, a tan solo unos kilómetros de donde el gobernador rendía su Informe, son prueba de que los problemas persisten y de que la supuesta mejoría en la seguridad no ha llegado a todos.
La falta de coordinación entre los distintos niveles de Gobierno sigue siendo un obstáculo que, de no solucionarse, mantendrá a Nuevo León en una crisis de seguridad que las cifras oficiales no logran maquillar.