Será en diciembre cuando el pago al transporte público sea digital, eso fue lo que le dijo José Manuel Valdez Gaytán, titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) de Nuevo León, a Luis García ayer en la radio. Esta medida, aunque podría ser un paso hacia la modernización del sistema de transporte, revela una preocupante falta de empatía y comprensión por parte del Gobierno hacia las necesidades de los usuarios, especialmente de los sectores más vulnerables como los adultos mayores.
El Gobierno de Samuel García parece estar más enfocado en la eficiencia tecnológica que en la accesibilidad y equidad. Valdez Gaytán sostuvo que no pueden garantizar que el sistema funcione al 100%. Al implementar esta medida existen, aunque sea implícitamente, posibles deficiencias. Sin embargo, el hecho de que aun así se avance con la implementación obligatoria del sistema electrónico, sin mantener una opción de pago en efectivo para aquellos que puedan enfrentar dificultades, muestra una desconexión preocupante con la realidad cotidiana.
Una de las justificaciones ofrecidas por el titular del IMA es que los adultos mayores ya están familiarizados con el uso de tarjetas, refiriéndose a los programas federales que distribuyen beneficios a través de tarjetas de débito. Este argumento ignora una verdad fundamental: la adaptación a nuevas tecnologías no es homogénea en toda la población. Muchos adultos mayores no están familiarizados con estas herramientas y aunque reciban apoyo, no es suficiente para asegurar una transición sin problemas.
La falta de empatía se hace evidente cuando se asume que todos los usuarios tienen el mismo nivel de competencia tecnológica o acceso a recursos digitales.
Además, la insistencia en que la medida es una mejora sin precedentes para el sistema de transporte oculta los problemas estructurales que aún persisten. Largas filas, pocas unidades y deficiencia en la frecuencia en el paso de los camiones son problemas que no se resuelven con la simple digitalización del pago. Hay pendiente una licitación de 2 mil 500 nuevas unidades de transporte como una solución a estos problemas según el Gobierno, pero la historia y experiencia nos dicen que la adquisición de nuevos vehículos no siempre se traduce en mejoras inmediatas. La licitación y entrega es compleja, además de que la implementación efectiva de estas unidades en el sistema puede retrasarse significativamente, dejando a los usuarios en una situación de inequidad por un largo periodo.
El hecho de que la medida se implemente sin considerar una alternativa para aquellos que puedan haber sufrido robos o pérdida de sus tarjetas es una clara muestra de insensibilidad. La vida cotidiana está llena de imprevistos y negar la opción de pago en efectivo ante estas circunstancias no solo es impráctico, sino también cruel. Los ciudadanos deben tener opciones para adaptarse a situaciones imprevistas sin ser penalizados por un sistema inflexible.
La modernización del transporte público es necesaria y puede traer beneficios significativos, como la reducción de fraudes y la mejora en la eficiencia operativa. Sin embargo, esta modernización debe ser inclusiva y considerar las diversas realidades de la población. La digitalización del pago en el transporte público no debe convertirse en una barrera más para aquellos que ya enfrentan dificultades diarias. Las políticas públicas deben ser diseñadas con un enfoque centrado en las personas, priorizando la accesibilidad y la empatía.
El Gobierno, al avanzar con esta medida sin una adecuada consideración de los impactos en los usuarios más vulnerables, demuestra una falta de compromiso con la inclusión y la equidad.
A la implementación de sistemas electrónicos se les debe de acompañar con un plan integral que incluya la educación y adaptación progresiva de todos los usuarios, especialmente de aquellos que pueden enfrentar mayores desafíos para adaptarse a estas nuevas tecnologías.
La decisión de hacer obligatorio el pago electrónico en el transporte público de Nuevo León para diciembre revela falta de empatía y desconexión con la realidad de muchos usuarios.
El Gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que ninguna medida tomada excluyan a los sectores más vulnerables, porque me pregunto: ¿Usted ha visto algún alto funcionario que utilice habitualmente el transporte público?