El amago de llevar a juicio político a los gobernantes ha sido un tema recurrente en la política mexicana en los últimos años. Este proceso legal permite a los diputados iniciar un proceso de enjuiciamiento en contra de quien haya cometido o presuntamente cometido un acto irregular; Samuel García Sepúlveda, gobernador del Estado, se encuentra en el ojo del huracán por el tema del presupuesto y documentos no publicados en diciembre pasado.
La Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo encontró elementos suficientes para iniciar un proceso en contra de Samuel García y Javier Navarro, el uno y dos del Estado sometidos al escrutinio de los diputados.
El juicio se llevará a cabo en el Congreso y es una herramienta esencial para mantener la responsabilidad y la transparencia en el Gobierno. Esta vez solicitado por aquellos que la administración ha llamado “la vieja política” acusan al Ejecutivo de violar la Constitución y de cometer actos contrarios a la ética pública.
Y fue Acción Nacional y el Revolucionario Institucional quienes empujaron el acto, el primer obstáculo deberá sortearse tan pronto como el 10 de febrero. Ya sea en persona o por escrito, el titular del Ejecutivo deberá comparecer.
No es menor la declaración de García Sepúlveda, quien a la distancia y sin nombrarlos dijo que no piensa pelear por centavos.
Sin demeritar el proceso que lleven a cabo los diputados, el juicio deberá enfrentar desafíos por la influencia de las cúpulas al interior de cada partido y la polarización de la política. Así el próximo 10 de febrero, García Sepúlveda seguramente dirá que el proceso está motivado por impulsos políticos y no con evidencia.
La Constitución Mexicana establece que ningún funcionario público puede ser detenido o procesado durante el ejercicio de su cargo, a menos que haya cometido un delito flagrante; ya hay quienes dicen que se trata de perseguir y contener las intenciones presidenciales, ¿será?
Los juicios políticos son una forma efectiva de lidiar con los abusos de poder y la corrupción en el Gobierno. Éstos deben ayudar a proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y a garantizar la integridad de la democracia. Ojalá éste no sea revanchismo político.
Enrique Burgos-Véliz
@enriqueburgosv