Lejos está el 2 de junio y las elecciones de Monterrey, sin embargo, han dejado una estela de controversia que parece sin pies ni cabeza para resolverse. La declaración conjunta de cuatro ex candidatos a la alcaldía, manifestando su apoyo al alcalde electo Adrián de la Garza, ha desatado una tormenta de críticas y sospechas que apunta a un nuevo conflicto postelectoral en la carrera rumbo a la alcaldía de la capital nuevaleonesa.
Primero, Sandra Pámanes y Eduardo Gaona han dejado de manifiesto su rechazo a esta maniobra, denunciándola como una simulación burda. MC ha señalado sin rodeos que las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades y que la impugnación presentada por su candidata, Mariana Rodríguez, debe ser resuelta con transparencia y justicia. Gaona ha destacado que los políticos que ahora respaldan a De la Garza no fueron víctimas del acoso de la Fiscalía General de Justicia, a diferencia de algunos colaboradores de MC, sugiriendo que este apoyo podría estar manchado por la coacción.
La acusación de coacción no es una cuestión menor; es una acusación grave que, de ser comprobada, podría tener repercusiones legales significativas. La coacción en procesos electorales es una violación directa a los principios democráticos ya las leyes que los protegen.
La postura de Movimiento Ciudadano es clara: deben respetarse los procesos judiciales y permitir que el Tribunal Electoral determine la validez de las impugnaciones antes de que se legitime cualquier apoyo a De la Garza.
A propósito, ayer en radio platiqué con Patricio Zambrano, ex candidato del partido Vida NL; él me reconoció que sí se acercaron a su persona de parte del equipo de transición de Adrián de la Garza para que pasaran un frente reconociendo el triunfo del alcalde electo.
En este contexto, la responsabilidad de los medios de comunicación es más crítica que nunca. Debemos reportar con objetividad, pero también cuestionar y desentrañar las narrativas oficiales que a menudo están diseñadas para confundir y manipular la opinión pública. No solamente Patricio Zambrano y Adalberto Madero han admitido haber sido contactados por el equipo de De la Garza, sino que sostienen que su apoyo está basado en el deseo de estabilidad para Monterrey. Sin embargo, estas declaraciones no eliminan completamente las sombras de coacción que se ciernen sobre este respaldo.
Más allá de las implicaciones legales, este episodio refleja una profunda crisis de civilidad política en Monterrey. La política debería ser un campo de ideas y propuestas en beneficio de la ciudadanía, no un escenario de maniobras oscuras y presiones veladas. El respaldo a Adrián de la Garza de los ex candidatos, presentado como un gesto de unidad y madurez política, podría ser visto como una traición a los principios democráticos si se demuestra que fue obtenido mediante coacción.
Es esencial que las instituciones electorales y judiciales actúen con independencia y transparencia. La ciudadanía tiene derecho a un proceso electoral limpio y justo, y cualquier indicio de manipulación debe ser investigado y sancionado severamente. La democracia regiomontana depende de ello y no podemos permitir que la falta de civilidad política socave nuestra confianza en las instituciones.
La política regiomontana se encuentra en una encrucijada. La controversia en torno al respaldo de los ex candidatos a Adrián de la Garza no es solo una cuestión de apoyo electoral, sino una prueba de la integridad de nuestros líderes políticos. La coacción, si se confirma, vulnerará la ya última democracia regiomontana. Recordemos que no es la primera vez que un alcalde llega a la silla tras un conflicto en los tribunales.
Los medios de comunicación, los políticos y la ciudadanía tenemos la responsabilidad de exigir transparencia, justicia y respeto a los principios democráticos, urge entender que la integridad es uno de los pilares fundamentales de la sociedad cualquiera que sea.