Una reforma por tiempo esperada

Ignoro si tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las organizaciones no gubernamentales a favor de los mismos, toman a los delincuentes como víctimas en vez de victimarios al oponerse a la reforma al artículo 19 de la Constitución mexicana que ya ha tipificado como graves seis delitos que serán cubiertos con la prisión preventiva.

En una miscelánea variopinta y extraña que comprende el abuso sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales, el robo de transportes, los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, los ilícitos en materia del robo de los derivados de hidrocarburos, especialmente el enriquecimiento ilícito y los delitos en materia de uso de armas de fuego y explosivos empleados exclusivamente por el ejército, forman parte de un catálogo ampliado que motivará la imposición de sanciones más estrictas a los infractores, quienes anteriormente andaban como se dice “como Pedro por su casa”.

Un ejemplo de burla a la autoridad y a la población afectada, ha sido con anterioridad, simplemente incautar a los delincuentes las armas de fuego y explosivos que portaran, quienes probablemente, después de ser liberados, podían proveerse fácilmente de nuevo armamento. Sólo basta recordar que en un periodo breve de tiempo, ingresan al país 2,000 armas ilegales.

Cómo comprender al Senador sin bancada Emilio Álvarez Icaza que consideró la enmienda constitucional como “un gravísimo error” si los citados delitos en México se encuentran en un alto nivel de incidencia y van a la alza, y en algunos casos han rebasado a la autoridad para poder ser aplicados.

También faltó incluir en el citado catálogo de la reforma al artículo 19 constitucional el castigo con prisión preventiva y quizá definitiva, a la reincidencia en el delito por robo a transeúntes, negocios y casas habitación, cuyos delincuentes lo consideran como su oficio habitual. En León se ha dado el caso de un delincuente que incurrió en más de 32 delitos, sin ser penalizado por ello. Es posible que en este tipo de acciones exista una colusión con las autoridades locales. Recibir una cuota diaria, puede significar un incremento al “chivo” que el uniformado aporta para los gastos de la casa.