Existen implicaciones directas para condenar el crimen, el vandalismo y las violaciones al Estado de Derecho—el mismo que nos salva de caer en el antiguo Estado de naturaleza del cual nos previnieron Aristóteles, San Agustín y Thomas Hobbes a lo largo de los siglos—aún y cuando para el desgobierno que se asume como rector directo de la seguridad y el bienestar de sus gobernados en la Ciudad de México, todo parece resumirse a cruzarse de brazos.
Los disturbios provocados la semana pasada en la capital del país, mismos en los que concurrieron como títeres de George Soros activistas autoproclamadas “feministas”, venidas desde Argentina, hubiera sido motivo suficiente no solo para aplicarles el Artículo 33 sino para procesarlas por los daños y perjuicios causados no solo en los comercios y en la propiedad privada de muchos sino también por los atentados directos contra el patrimonio histórico de todos los mexicanos, como lo fueron las pintas con pintura vinílica en la antigua Columna de la Independencia levantada por Porfirio Díaz en 1910.
Los responsables existen; y están perfectamente ubicados pues no conformes con violentar a personas, propiedades, periodistas y espacios públicos, lo festejan como si fuera un recreo, públicamente, en redes sociales: tomando como pretexto una falsa denuncia por violación inventada por una adolescente—señalando a policías capitalinos—para evadir ser expulsada de la escuela, luego de embriagarse y drogarse a voluntad.
Pero el Gobierno federal guarda silencio al igual que el gobierno capitalino que también, sospechosamente, brilló por su ausencia durante los disturbios y que ahora, de manera desvergonzada, anuncia públicamente que no procesará a las responsables, palabras más, palabras menos, por el solo hecho de “ser mujeres”.
Tal parece que la agresión a periodistas y a ciudadanos no es suficiente para que se garantice siquiera la seguridad básica que el Estado está obligado a proporcionar a todos los ciudadanos (y no hablemos siquiera del derecho a la justicia que les corresponde).
Los responsables tienen rostro y nombre. Y lo menos que debería hacer el gobierno en este caso, además de compensar a los afectados, es procesar a la estudiante de la Preparatoria 3 como castigo ejemplar para quien, burlando la Justicia y aprovechándose del fariseísmo de la Corrección política, dio pie para que todo lo anterior sucediera.