Ayotzinapa sigue siendo una herida doliente del pasado reciente de México. La desaparición de los normalistas supuso un golpe de realidad en un sexenio que quería hablarnos de reformas, mercados y modernización. “La realidad muerde”, tituló The Economist. Para aquellos que creen que el pasado sólo fue entreguismo mediático. La prensa mundial se escandalizó por Ayotzinapa. El gobierno de Enrique Peña Nieto hizo todo para ocultar la verdad. Tomás Zerón, prófugo en Israel, fue el operador del montaje. Zerón alteró la escena y fabricó una supuesta verdad histórica que nadie creyó. Una operación de Estado para enterrar los deseos de verdad y justicia. El problema es que no se le puede mentir a todos todo el tiempo.
El PRI de Enrique Peña Nieto se comportó como siempre lo ha hecho el PRI: ocultamiento y corrupción. No obstante, hay dos fenómenos que no pudieron controlar: la movilización popular y la indignación frente a la tragedia y, en segundo lugar, la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El peñanietismo quiso silenciar al GIEI. Fueron expulsados del país al no renovar el convenio de colaboración. Los expertos se convirtieron en una amenaza porque no se les podía comprar. El GIEI, en sus informes, exhibió no sólo la ineficiencia y podredumbre de la Fiscalía –anteriormente Procuraduría–, sino también la conspiración desde lo más alto del poder del Estado. El GIEI desnudó a un Gobierno capaz de mentir con tal de salvar la cabeza propia y de los suyos.
En su tercer informe, a 90 meses de la tragedia, el GIEI apunta directamente contra la Marina y el Ejército. El GIEI reveló que elementos de las Fuerzas Armadas sabían que los 43 estudiantes serían secuestrados por criminales y además, manipularon la escena del basurero de Cocula, ocultando información útil para identificar su paradero. El propio GIEI exhibe un video en donde 12 integrantes de la Marina alteran la escena del delito antes de la llegada de los elementos ministeriales de la Procuraduría. Es decir, no sólo los militares han hecho todo por evitar que exista una investigación a fondo sobre su papel en la tragedia, sino que tenían información previa sobre el futuro secuestro de los jóvenes. Esto explica la reticencia de Peña Nieto a llegar al fondo del asunto. La participación, por acción u omisión, del Ejército supondría el golpe más mortífero a la credibilidad de las fuerzas armadas. Hubiera supuesto la caída automática del general secretario Salvador Cienfuegos. El ex presidente Peña Nieto optó por el montaje y la mentira para salvar al Ejército.
El informe del GIEI es demoledor y eso que sólo conocemos una parte. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador se abre una coyuntura crítica. Por un lado, el presidente se comprometió a resolver el caso y hacer justicia. Al menos desde la dimensión simbólica, AMLO nunca ha olvidado Ayotzinapa. El subsecretario Alejandro Encinas y la Fiscalía han hecho un trabajo sólido a la hora de destruir –con pruebas– la verdad histórica del peñanietismo. No obstante, todavía no ha sido sustituida por un caso firme que explique qué pasó con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La mentira está expuesta, pero la verdad sigue sin conocerse.
Para llegar a ella y entregar a la sociedad mexicana un caso sólido, López Obrador tendrá que entrar en dos terrenos políticos que ha evadido desde 2018. El primero, sacudir su alianza con el Ejército. Sabemos que la alianza del presidente con los militares es más potente que aquella que tuvo Peña Nieto o Felipe Calderón. El actual régimen ha llenado de billetes al Ejército y ha militarizado profundamente la administración pública federal. El presidente se ha jugado incluso la relación con Estados Unidos para impedir que Cienfuegos fuera juzgado. No ha tenido reparo en contradecir todo lo que pensaba con tal de construir una alianza sin fisuras con las cúpulas castrenses.
El problema para AMLO es que las investigaciones, ministeriales y periodísticas, apuntan a una participación de las fuerzas militares en la desaparición de los jóvenes. Abrir la puerta a que el Ejército rinda cuentas por Ayotzinapa tendría efectos políticos para la Presidencia. No obstante, es imposible llegar a la verdad sin sentar a los militares en el banquillo de los acusados. La pregunta es si el presidente se pondrá del lado de los normalistas y sus familiares, o del lado de la impunidad garantizada para el Ejército y la Marina. Veremos hasta dónde llega el pragmatismo presidencial.
En paralelo al Ejército, no habrá credibilidad en la nueva verdad histórica si no vemos en el banquillo de los acusados a los principales actores intelectuales de tan criminal montaje. Si es posible comprobar que el Estado actuó de manera mafiosa, en complicidad entre el poder político, el militar y la delincuencia, el ex presidente Peña Nieto debe comparecer. No sólo él, también el ex procurador Jesús Murillo Karam, vocero de la mentira que configuró el Gobierno anterior. El obstáculo es el gran acuerdo político entre López Obrador y Peña Nieto. Mucho se ha escrito sobre la alianza que pavimentó la llegada de AMLO a Palacio Nacional. Una alianza que se ha mantenido viva y en donde la Fiscalía sólo ha ido por Emilio Lozoya y Rosario Robles. Los peces gordos del peñanietismo se mantienen intocables.
La historia de nuestro país es también la historia de las decepciones. Nunca sabemos realmente qué pasó. Nadie cree la versión que sostiene que Colosio fue asesinado por un lobo solitario. O la muerte por “fallas técnicas” de dos secretarios de Gobernación en el sexenio de Calderón. Un Gobierno opaco ha provocado que una mayoría de mexicanos se mantenga incrédula frente a las supuestas verdades históricas. López Obrador se enfrenta a un dilema: honrar su palabra o privilegiar los acuerdos políticos que le han dado gobernabilidad. Lo cierto es que la verdad en Ayotzinapa sólo se puede encontrar llevando a tribunales al poder político y castrense de la época. AMLO se juega mucho y espero que sus convicciones del pasado estén por encima de sus intereses del presente.
Enrique Toussaint