El objetivo de la reforma no es mejorar el acceso a la justicia, sino cooptar a los jueces y magistrados.
El fondo de la reforma se explica en un concepto: poder
Durante años, el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador se opuso a cualquier reforma. Recordemos el sexenio peñista. La oposición de López Obrador fue particularmente dura con dos reformas: la energética y la educativa. Esta segunda era descalificada al catalogarla como “la mal llamada” reforma educativa. Los propios simpatizantes del hoy presidente decían que no era una reforma educativa, sino una reforma administrativa. Algo había de razón en aquellas palabras, aunque para mí la evaluación siempre fue un elemento valioso, que por cierto hoy el Gobierno abandonó.
Algo así está haciendo Morena y sus aliados con la mal llamada Reforma Judicial. Una auténtica Reforma Judicial tendría como eje fundamental garantizar y mejorar el acceso a la justicia de la sociedad mexicana. Debería ser el enfoque esencial. Cómo construir un sistema más justo que permita que los mexicanos, vivan donde vivan o tenga el dinero que tengan, puedan acceder a tribunales profesionales y justos. Una reforma judicial pondría la mirada en los sistemas estatales de justicia que son los encargados de fallar en la amplia mayoría de los casos a los que se enfrenta la gente. O en los ministerios públicos, corrompidos hasta la médula. O en los sistemas penitenciarios que son fábricas de reincidencia. No, a Morena y sus satélites no les interesa ni un gramo la justicia.
La realidad es que la propuesta de Reforma Judicial es en la literalidad una reforma política. A diferencia de una judicial, la reforma política tiene como objetivo cambiar las reglas del juego de acceso y mantenimiento del poder público. Es decir, una reforma política nace de un diagnóstico: ausencia de pluralidad parlamentaria, concentración del poder, instituciones cooptadas por intereses y un larguísimo etcétera. Se alteran las reglas del juego en aras de algún objetivo: legitimidad, eficiencia, pluralismo.
Digo que la mal llamada reforma judicial es política porque nace precisamente de un diagnóstico político. ¿Qué piensa López Obrador y comparte la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Que la oposición política y los intereses de lo que llaman la oligarquía se han anidado en los tribunales. Detrás de las togas están las grandes empresas de este país, operadores políticos del PAN o del PRI. En síntesis, personeros de Claudio X. González. Por ese control tras bambalinas, el Poder Judicial se ha convertido en la última resistencia frente al poder concentrador de la autollamada Cuarta Transformación. Lo que un demócrata puede ver como normal (el contrapeso judicial), Morena lo ve como anormal.
Si uno analiza los elementos troncales de la Reforma, el poder es el eje explicativo. De entrada, la elección de ministros, magistrados y jueces es un traje a la medida para que el partido con mayor movilización y control territorial -Morena- pueda imponer afines en cada uno de los espacios jurisdiccionales federales. Imagine usted, si una elección presidencial saca a seis de cada 10 mexicanos a votar, una elección de jueces difícilmente superará la tercera parte del listado nominal. Por lo tanto, mucho poder en juego y baja participación política es caldo de cultivo para que un partido pueda imponer su voluntad. A esto hay que añadirle que buena parte de los candidatos ya vendrán palomeados por instituciones que controla Morena (Senado y Ejecutivo). No quieren mejorar la justicia, sino politizarla y que se alinee a los intereses de Palacio Nacional.
Aún peor, ¿Por qué no se toca a los tribunales estatales? Por otra razón política. Morena y sus aliados controlan la amplia mayoría de los ejecutivos estatales (24). Y la reforma deja vivo una máxima del ancien régime: los tribunales estatales se someten al gobernador en turno. No hay ni debate sobre presupuesto constitucional ni ninguna garantía que dote al Poder Judicial de autonomía financiera. El control ejercido a nivel subnacional le parece correcto a Obrador, Sheinbaum y a su partido.
Mucho se ha hablado del famoso Tribunal de Disciplina Judicial. ¡Por fin habrá quien les pida cuentas a los jueces por sus malas actuaciones! Bueno, eso ya existía en el Consejo de la Judicatura. Claramente no ha funcionado. Sin embargo, qué elementos nos permiten pensar que un Tribunal -elegido popularmente- sí ejercerá una labor autónoma y profesional de control de los jueces, magistrados y ministros. Me parece que es una instancia políticamente muy sensible porque sí cae en manos del Ejecutivo sería un látigo para castigar a quien no se plegue a la voluntad presidencial. ¿Qué garantías de independencia tiene esa institución disciplinaria? Revise la reforma y se dará cuenta que ninguna. Nos hablaron de la Unidad de Inteligencia Financiera como la vanguardia contra la corrupción y el lavado de dinero, y terminó siendo una instancia de persecución política.
Es tan insultantemente política la reforma que de entrada mantiene al Tribunal Electoral y amplía el mandato de los actuales magistrados. Precisamente en medio del caudal de impugnaciones por el proceso electoral anterior. Y partiendo del hecho que Morena controla a tres de los cinco magistrados. Y ha sido omiso en nombrar los dos asientos faltantes para no alterar su actual mayoría. También politizan los cargos judiciales haciendo modificaciones en las duraciones. Por ejemplo, el Tribunal Electoral perfectamente podría constituirse con un ejecutivo federal y terminar el mismo día que se agota el sexenio. Se rompe la cualidad transexenal en algunos cargos que es fundamental para blindar la independencia de jueces y magistrados.
Así nos podríamos pasar todo el día. Sin embargo, lo único que está claro es que Morena busca, con su reforma política y mal llamada reforma judicial, la concentración de poder más brutal desde que hay democracia en México. Morena no quiere que la justicia esté del lado de los ciudadanos, sino que sea un ala más del partido que pretende controlar los tres poderes de la Unión.