Resulta frustrante que el gobierno de México se envuelva en la bandera nacional como justificación para evitar el combate a la corrupción política. No es nuevo. La podredumbre en Sinaloa tiene décadas. La cooptación gubernamental por parte de los cárteles no nació ayer, pero se ha intensificado con los gobiernos de Morena. La acusación del Gobierno de Estados Unidos contra nueve altos mandos de las administraciones locales en Sinaloa dibuja un panorama ineludible: el gobierno y el narcotráfico son aliados y cómplices. Una acusación que ocurre, por primera vez, contra autoridades en funciones.
El ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, es un impresentable. Los escándalos y su relación con los criminales están documentados desde el día uno de su gobierno. Incluso antes, cuando él mismo operó para evitar que le quitaran la candidatura estatal. Hoy es acusado de recibir dinero del narcotráfico para permitir las acciones de los criminales en impunidad. Sin embargo, su historia de escándalos no acaba ahí. Desde que llegó al gobierno, Sinaloa enfrenta una grave crisis de violencia. El Mayo Zambada escribió una carta en donde detalla una presunta reunión con Rocha Moya. Fue asesinado, durante su sexenio, Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y figura política clave. La investigación sobre su deceso es un cúmulo de contradicciones. Se ha confrontado con la propia UAS y los sinaloenses han salido a protestar para exigir su dimisión. Por menos, Morena decía que Genaro García Luna tenía que pasar por los tribunales.
Las acusaciones de narcopolítica cayeron como bomba en el escritorio de Claudia Sheinbaum. La Presidenta tenía dos caminos. El primero era pedirle al gobernador que se separara del cargo y comenzar una profunda investigación con fines de extradición en caso de ser encontrado culpable. O un segundo camino, que fue el que tomó, que suponía la defensa política del funcionario estatal. Sheinbaum utilizó todo el arsenal nacionalista como escudo para proteger al gobernador. Pidió pruebas, cuando nunca lo han hecho en sus acusaciones en contra de Felipe Calderón o Genaro García Luna. Un partido anti estado de derecho se convirtió, en segundos, en un partido que cree en la presunción de inocencia y el debido proceso. Argumentos a la carta. Contradicciones de Morena que pueden ser rastreadas en las declaraciones de sus principales líderes en los últimos 10 años. Contra el PAN, el PRI o MC, Morena no ha pedido ni pruebas ni presunciones de inocencia, han sido implacables.
El fondo del asunto es que las acusaciones del gobierno de Estados Unidos vienen avaladas por una orden judicial. No estamos hablando del papelito con el cual ironizó Sheinbaum la acusación. Estamos hablando que un juez recibió las pruebas y solicitó la captura y extradición del gobernador y nueve funcionarios de Sinaloa (incluyendo el alcalde de Culiacán y un senador). El juez no ve actos aislados de autoridades, sino una confabulación de autoridades para defender los intereses de los criminales. Una acusación así contra autoridades en funciones, nunca había ocurrido. Por lo tanto, bien valdría no quitarle seriedad.
Frente a este escenario, Sheinbaum optó por la política. Pudo ser una jefa de Estado que pone por encima el interés de la justicia. Que no le importa si las acusaciones son en contra de un gobernador de su partido o de oposición. Yo me pregunto: ¿Qué reacción hubiera tenido la presidenta si la acusación hubiera sido contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos? ¿No hubiéramos visto a Sheinbaum pidiendo explicaciones al PAN y a la mandataria estatal? No tengo la menor duda que sí. Ella misma ha negado la “presunción de inocencia” en otros casos que no afectaban a su partido.
Sheinbaum y Morena tienen un grave problema de penetración criminal. Las visitas de López Obrador a Badiraguato o la relación con la mamá de El Chapo era sólo la punta del iceberg. Esto decía la Deutsche Welle (DW) –prestigioso medio alemán– tras consultar con fuentes cercanas al gobierno de AMLO: “durante los comicios para ganar la gubernatura del estado de Sinaloa y algunas presidencias municipales, llevados a cabo en 2021, integrantes del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hicieron un narcopacto electoral con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera”. Los resultados electorales en la costa del Pacífico son llamativos si nos remontamos cinco años atrás.
No sé por cuánto tiempo, Sheinbaum podrá aferrarse al discurso de la presunción de inocencia o la falta de pruebas. Si atendemos a lo que publicó el domingo 26 de abril el periódico Los Ángeles Times, el gobierno de Estados Unidos tiene la mira puesta en los políticos que protegen al narcotráfico en México. Esto no acaba con Rocha Moya. Y lo digo con claridad: es una buena noticia para los mexicanos que haya gobiernos extranjeros interesados en destapar la cloaca de las relaciones político-criminales que permiten que los cárteles operen con total impunidad en México. Impunidad que nos afecta particularmente a los que vivimos en esta tierra. Si las autoridades locales no reaccionan o deciden la colusión, creo que cualquier mexicano sensato quiere que se haga justicia, aunque esas acusaciones provengan de cortes en Nueva York o en Berlín. En México, la impunidad está garantizada. Aquí no se hará justicia. La Presidenta lo volvió a demostrar: las elecciones y su partido están por encima de todo.