Morena siempre ha relativizado la ley. Es decir, si le favorece, la siguen; si les constriñe, la niegan. En el imaginario popular quedará aquella frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022 cuando dijo: “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”. En una sola frase dejaba en claro que la ley no tiene valor en sí misma, sino que es un cuento o una historia. A López Obrador le molestaba que le dijeran que violaba la ley un día sí y el otro también. Como tituló su libro Carlos Elizondo: López Obrador siempre pensó que su palabra era la ley. Nada diferente a Trump u otros líderes populistas.
La tesis de López Obrador sobre la ley inundó Morena de arriba abajo. Del cargo más alto hasta el regidor de la población más pequeña. La elección pasada fue un botón de muestra. Las “corcholatas” –Los aspirantes presidenciales– inundaron el país de espectaculares, bardas y propaganda. Un morenista me dijo que Adán Augusto López adquirió 180 espectaculares en Jalisco. Dimensione usted el gasto. Sólo de eso son cinco millones de pesos mensuales, los espectaculares estuvieron en exhibición al menos tres meses (15 millones). Y estamos hablando de sólo un estado. No es descabellado decir que Adán Augusto se gastó más de cien millones de pesos en su precampaña. Tras eso vinieron los escándalos de la “Barredora” y el caso de corrupción de Hernán Bermúdez quien fue secretario de seguridad cuando ejerció como gobernador de Tabasco.
La autoridad electoral hizo mutis. El incentivo de romper las reglas es altísimo. Si creces en las encuestas, ganas competitividad y la autoridad electoral se lava las manos, ¿qué tienes que perder? Como candidato, ¿quién se la pensaría dos veces antes de pintar una barda en tiempos no electorales o poner un espectacular cuando ni siquiera nos acercamos a los noventa días de campaña?
Detrás de todas las violaciones electorales está un hecho indiscutible: Morena lo puede hacer porque ha logrado cooptar todos los espacios que podrían constreñir su poder. El INE levanta la voz, pero su presidenta y consejeros son silenciados en segundos por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los tribunales electorales están cooptados hasta la medula, desde los locales en los estados hasta la Sala Superior. Morena se ha encargado de poner a leales en esas posiciones. Dentro de las reformas de los últimos días, se aprobó una reserva promovida por el diputado Sergio Gutiérrez Luna que permite a los magistrados electorales competir por un periodo más en el Tribunal. Es decir, habría magistrados que se podrían quedar hasta 17 años en el cargo. Cooptación inequívoca.
A esta cooptación del INE y del Tribunal, hay que añadir las nuevas legislaciones como la nulidad por intervención extranjera en las elecciones. El Tribunal puede anular una elección si le place por alguna declaración de algún funcionario extranjero, algún periodista o incluso un tuit de Trump. Ahora sí, el Tribunal tiene todo el poder para anular elecciones que le incomoden al régimen sin justificación racional. Perdóneme usted si soy tan categórico, pero realmente esto no es una democracia. La base de la democracia es certidumbre en las reglas, incertidumbre en los resultados. Morena ha volteado la fórmula.
En Jalisco, los aspirantes a algún cargo de elección popular quieren gozar de la misma impunidad que sus pares a nivel nacional. Diputados o senadores como Carlos Lomelí, Merilyn Gómez, Itzul Barrera o el regidor José María Martínez han comenzado a llenar la ciudad de bardas y propaganda electoral. Falta más de un año para las elecciones, la propaganda electoral está prohibida en este momento, pero a pesar de ello, atascan la ciudad con publicidad. Luego hacen como que “la virgen les habla” y se lavan la mano de tal operación política. No sólo violan la ley, sino que son incapaces de defender sus acciones cuando los periodistas les preguntan por la propaganda. Vimos el caso de la diputada Itzul Barrera cuando Grupo Reforma le cuestionó su activismo político en tiempos no electorales. Prefirió callar.
La invasión de propaganda política de Morena es una abierta violación a la legislación electoral. El Instituto Electoral (IEPC) debe actuar con medidas cautelares que eviten el adelantamiento ilegal de los tiempos de campaña. Jalisco se ha destacado por diferenciarse de la apuesta destructiva federal y ha cuidado la vigencia de sus instituciones locales. Morena sabe que en 2027 puede haber un duro voto de castigo por la narcopolítica, exhibida con claridad en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Frente a ello, buscan con propaganda acallar las críticas y las dudas sobre la probidad de sus candidatos. El votante jalisciense es sofisticado y ha sabido históricamente castigar a quien burla la ley. Aquí la ley sí debe ser la ley. Aquí no debe ser ningún cuento, como sostenía el expresidente López Obrador.