La democracia se sustenta en un principio básico: la representación. Es decir, las instituciones democráticas deben ser un espejo de la ciudadanía que representan. Los parlamentos o congresos son la expresión de las adhesiones políticas e ideológicas de la ciudadanía. Partimos de una premisa: somos una sociedad diversa y compleja, por lo tanto, los espacios de representación deben ser expresión de dicha pluralidad. No es extraño que los dictadores destruyan el Congreso como primer paso hacia la concentración del poder. En la mente de los autócratas, nadie puede rivalizar con su condición de representante único y fidedigno del pueblo.
Desde la Revolución Francesa, hace más de 200 años, la representación política de la ciudadanía ha partido de un principio: la pluralidad ideológica. Por ello, en la Asamblea o la Convención, los monárquicos que defendían a Luis XVI se sentaban a la derecha; mientras que los republicanos que pugnaban por la disolución de la monarquía y el establecimiento de un sistema político de división de poderes se sentaban a la izquierda. En 1793, Luis XVI fue decapitado y Francia se convirtió, junto con los Estados Unidos, en el símbolo republicano par excellence.
Atendiendo al origen mismo de la política y la democracia misma, los gobiernos, congresos o parlamentos no deben ser un espejo de las razas, géneros o preferencias sexuales de los gobernados, sino de las ideologías que atraviesan a la sociedad en su conjunto. La política democrática debe entender los agravios históricos a ciertos colectivos, pero no debe sustentar la representación en dichos preceptos. La representación se sostiene en la ideología: liberalismo, conservadurismo, izquierda, derecha, estatismo, libre mercado y un larguísimo etcétera. La representación es así porque son esas ideas las que pugnan por la hegemonía social para resolver los problemas de la ciudadanía. Por ello, los partidos se articulan en torno a las discrepancias ideológicas; por eso Morena no es el PAN; ni MC es el PRI. No porque haya más hombres, mujeres, güeros, morenos, heteros o gais. Si no porque hay diferencias políticas en la manera de resolver los problemas que nos afectan a todos. Así es en Estados Unidos, Canadá. Argentina, Perú Francia o Italia. En cualquier país que se llame democrático, la representación se basa en la afinidad ideológica y no en los perfiles sociodemográficos.
No obstante, es perceptible una corriente a nivel mundial que se ha hecho llamar, por sí misma y por sus opositores, como Woke. La palabra Woke para definir a esta corriente ideológica proviene de una deformación del “awake” que suponía despertar frente a las injusticias raciales existentes en Estados Unidos. Con el tiempo, el wokismo, deformación del awake, se convirtió en una ideología que buscaba explicar todo a través de la raza, el género o la preferencia sexual. Una metanarrativa que restaba peso a cualquier otra variable que no fueran las tres anteriores. La crítica al pensamiento Woke ha abierto camino a la derecha o incluso a la ultraderecha en casos como el de Trump, Meloni o Putin.
En México, las instituciones electorales parecen alimentarse del pensamiento Woke. Hace un par de días, el Tribunal Electoral definió que la alcaldía de Zapopan -el municipio más poblado de Jalisco- debe ser gobernado a partir de 2027 por una mujer. Pero no se quedó ahí. El Tribunal también dictaminó que esa mujer debe ser o indígena o lesbiana o tener alguna discapacidad. El Tribunal no se quedó contento con imponer un género -que ya es ponerse por encima del elector-, sino que ahora pide que sea de “una minoría vulnerable”. Los tribunales están hechos para juzgar con base en lo que es justo o injusto de acuerdo con la ley, y no deben ponerse por encima de una decisión que toca a la ciudadanía. Ahora, según el tribunal sólo una mujer indígena o gay puede ser alcaldesa de Zapopan. ¿Qué broma es eso? ¿Quién le permitió al Tribunal decidir bajo esas características vulnerando el principio de la pluralidad ideológica que es la base de la democracia?
México vive un momento gris en materia de leyes y estado de derecho. López Obrador destruyó el Poder Judicial y hoy cualquier magistrado de segunda cree que puede hacer lo que se le viene en gana. Bueno, en la Corte están discutiendo si una persona nacida luego de un proceso in vitro es integrante o no de una familia. A ese nivel hemos llegado.
Espero que la Sala Superior, incluso la Regional, demuestre algo de autonomía y revierta esta deriva peligrosa del tribunal local. Es tiempo de dejarnos de bromas y que el sentido común vuelva a la política electoral.