¿Por qué, en la mañana del 27 de septiembre de 2014, al ser informado de lo sucedido unas horas antes en Iguala y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto se fue a jugar golf en lugar de ordenar el despliegue inmediato de las fuerzas federales para buscarlos? ¿Por qué dejó pasar las horas y los días sin hacer nada y permitió así a los sicarios consumar impunemente un crimen atroz?
¿Por qué, el 30 de enero de 2010, cuando a Felipe Calderón, le informaron que un comando armado había asesinado a 12 jóvenes estudiantes y herido a 20 más en Villa de Salvárcar en Ciudad Juárez soltó un fulminante “en algo andarían” —su versión del “mátalos en caliente” de Porfirio Díaz— y revictimizó así, al considerar la masacre “un ajuste de cuentas”, a los jóvenes asesinados?
La razón en ambos casos es la misma, en la violencia demencial de aquellos tiempos las y los jóvenes de los sectores más vulnerables de la población eran desechables y servían solo para matar y morir. Calderón los consideraba enemigos potenciales o bajas colaterales de la cruzada sangrienta e inútil que, por órdenes de Washington, impuso a México. Peña Nieto les veía a su vez solo como alborotadores, como un estorbo en su camino de “gran reformador”, un estorbo que, en este caso, otros le hacían el favor de remover.
Ni el que se robó la Presidencia ni el que la compró recorrían el país. Tampoco rendían cuentas a la nación de sus actos. Desde sus oficinas blindadas contemplaban cómo México se desangraba. Uno impuso a los medios —y dueños, concesionarios y líderes de opinión lo aceptaron— un ominoso y cómplice silencio. Otro, en el frenesí por cerrar el caso Ayotzinapa y partir a China, de nuevo con la complicidad de los medios, añadió un crimen de Estado al crimen perpetrado por los sicarios en las calles de Iguala y borró, por medio de una operación a la que se sumaron los órganos de procuración e impartición de justicia, de la faz de la tierra todo rastro de los 43.