La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio derivado de un amparo interpuesto por una asociación civil. Dicho criterio establece las bases para despenalizar la interrupción de embarazo a nivel federal y obliga al Congreso de la Unión y las legislaturas locales a cambiar su marco jurídico bajo estas nuevas disposiciones. No es asunto menor y zanja una discusión originada hace mucho tiempo y que, como en otros asuntos polémicos, la Corte determinó ante la ausencia de la efectividad parlamentaria.
Se trata de un gran avance en materia de ampliación de libertades y garantizar derechos humanos que abre paso a eliminar el estigma de la criminalización de mujeres que recurren a interrumpir el embarazo y que siguen siendo encarceladas por un marco jurídico claramente represivo y patriarcal. El ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales no deben ser considerados como motivo de persecución criminal, sino como un asunto de salud pública y acompañarse de información. Al igual que todas las libertades, deben existir opciones para que cada persona, de acuerdo con su propia realidad y condiciones tome la decisión que mejor le parezca, y el Estado, lejos de ser un agente de intimidación o inquisidor, debe acompañar con garantías, instituciones y leyes que provoquen mejoras para todas y todos.
Es un cambio de paradigma que reclamará una serie de reformas profundas no solo en la legislación, sino en el diseño e implementación de políticas públicas en todos los órdenes de gobierno, desde la adecuación de espacios hasta la sensibilización y capacitación de personal de salud. El Estado mexicano, en todo su conjunto, tiene ante sí un gran reto no solo en materia de justicia y salud, sino en un cambio de mentalidad de todas y todos los mexicanos en favor de una sociedad más justa y libre.
Y todo se presenta al iniciar el proceso electoral del que seguramente una mujer saldrá ganadora y de quienes se esperan proyectos en la agenda de las causas de las mujeres.
En Jalisco el reto es también muy grande y obligará a las fuerzas políticas a actuar en consecuencia. Obligar no es un asunto retórico a estas alturas, pues la Corte emite su criterio con carácter de obligatorio y pone a las legisladoras y legisladores en una situación de cumplimiento o desacato. No es la primera vez que sucede esto y tampoco ha significado algo tan difícil de lograr, la actual legislatura dio una clara muestra de madurez política y apego a la ley en el caso del matrimonio igualitario al aprobar las reformas pertinentes con una amplia mayoría, aunque han quedado pendientes algunos ordenamientos y se hace prudente una revisión para mejorar.
El camino a una plena igualdad y la ampliación de libertades es sencillo cuando la voluntad por cumplir la ley y hacerla valer con responsabilidad son sus principales motivos. Estamos no solo en una oportunidad histórica, sino en una situación en la que debemos actuar bien, lo antes posible y en responsabilidad para darnos leyes e instituciones que dejen de criminalizar a las mujeres, en que el Estado, esa maquinaría que hemos construido con tanto trabajo y sesgo sea cada vez más efectiva y con eso, justa.