En una sesión histórica, el Congreso de Puebla aprobó dos iniciativas de ley que ampliarán los derechos de los habitantes de ese estado y que han sido, durante años, luchas de colectivos y activistas identificados con la izquierda. La primera de ellas, es la despenalización del aborto, convirtiendo a Puebla en la entidad número 14 en lograrlo, la segunda, fue la aprobación de una ley de voluntad anticipada, que convierte a Puebla en la entidad 15 en legislar respecto a este derecho.
Digo derecho convencido de ello, porque la elaboración de las leyes respecto a la voluntad anticipada parte de ese principio y consideran que cada persona debe tener la oportunidad de decidir sobre su existencia y más allá de ella, porque el cambio de paradigma exige que prevalezca el sujeto ante el poder del Estado, porque las leyes deben ofrecer alternativas y que estas sean legales y legitimante aceptadas. En Jalisco, la bancada de Hagamos impulsó hace meses una reforma de carácter constitucional para garantizar este derecho en nuestra Carta Magna. Hace meses también expuse en este espacio mis razonamientos al respecto y si han cambiado es a favor. Revisando los casos en otras entidades, se optó por una nueva estrategia legislativa en que se cree una ley que, además de establecer este derecho, ayude a instrumentalizarlo. Desgraciadamente, en algunos casos, la propia despenalización resulta insuficiente a la hora de llevarla a la práctica, tal vez por la legislación que existe alrededor del tema y que no se adecúa, tal vez por la falta de mecanismos precisos que expliquen cómo es que habrá de concretarse ese derecho.
La nueva estrategia apuesta por dos cosas, además de crear la ley que instrumentalice la voluntad anticipada, es necesario primero realizar una reforma en el Código Penal para esta acción no se considere un homicidio, esto es tal cual, despenalizar. Las leyes, de acuerdo al principio de libertad positiva no “prohíben” a alguien realizar alguna acción, sino que da la libertad del sujeto para hacer o no, pero contempla una sanción si es que el sujeto decide actuar. En estos momentos, la voluntad anticipada es considerada como homicidio, aplicando las leyes respectivas a quien lo cometa o asista a quien así lo decida. Es el primer paso, despenalizar. El segundo paso es establecer qué se va a hacer a partir de que la voluntad anticipada ya no será delito y sobre todo, quiénes pueden acceder, bajo qué circunstancias y cómo debe de proceder el personal autorizado al respecto, garantizando para ellos sus propios derechos y que esta práctica se realizará completamente bajo el cobijo de la ley.
Es un gran reto para la sociedad jalisciense, pero una realidad en casi la mitad de las entidades federativas. Para el caso de Jalisco se estipula que podrán solicitarlo mayores de edad, residentes de la entidad, que padezcan algún padecimiento grave e incurable, imposibilitante y crónico.
Una nueva legislatura representa nuevos retos y oportunidades para la sociedad que busca leyes más justas y de vanguardia, en que las libertades sean cada vez más y se garanticen derechos para todas y todos. Nuestros legisladores no han quitado el dedo del renglón, mejorando y doblando la apuesta. Esperemos pronto estar a la altura de las demás entidades federativas que ya dieron un paso adelante para construir una sociedad más justa y equitativa.