La paz no puede mantenerse
por la fuerza, solo puede lograrse
mediante el entendimiento.
Albert Einstein
De las más de mil millones de armas de fuego que circulan en el mundo, según datos de 2019 del secretario general de las Naciones Unidas, 85 por ciento se encuentra en manos de civiles, en vez de estar en fuerzas de seguridad. De estos instrumentos, 90 por ciento se ubica fuera de zonas de conflictos armados donde causan más de 740 mil homicidios al año, siendo violentos la mitad de ellos.
En medio de la pandemia de covid-19, uno piensa que estas cifras deben bajar, al estar una mayoría de la población mundial resguardada en sus hogares; sin embargo, en los últimos meses se ha detonado un incremento en las adquisiciones y los decesos por armas de fuego. Muchos por violencia doméstica o suicidios, pero también por el aumento de la delincuencia organizada, que ha sabido desarrollar nuevas formas de operar en esta nueva realidad.
Con base en el mandato recibido por el secretario Marcelo Ebrard del presidente López Obrador para detener el flujo ilícito de armas al país, en la cancillería decidimos hacer valer los convenios internacionales suscritos por México en la materia.
Uno de ellos es el Grupo de Trabajo del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus piezas y componentes y municiones, establecido en 2010 por la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo), suscrita en Palermo en 2000 por 190 de 193 de los Estados miembros de la ONU —incluido EU.
El 16 y 17 de julio tuve el honor de presidir la séptima sesión de este grupo con sede en Viena, respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Junto con expertos de 60 países —incluidos los principales países productores—, así como de Interpol, Europol y miembros de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego (CIFTA), analizamos dos temas principales: 1. La capacidad de respuesta del protocolo y de las leyes nacionales a las nuevas amenazas relacionadas con la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones; y 2. Los enfoques investigativos y procesales para el combate de estos delitos y otras formas conexas de delincuencia organizada, dentro de las distintas jurisdicciones y entre ellas.
Logramos construir consensos en torno a recomendaciones específicas en estos temas, mismas que llevaremos a la Conferencia de las Partes (COP) de la convención en octubre de 2020. Este año creemos que es una ocasión idónea para reforzar su protocolo e incorporar los explosivos en su mandato.
La participación de México se articuló en tres frentes: el primero fue la presidencia, que tiene la facultad de presentar un informe que refleje las principales recomendaciones de los expertos en un documento que estará listo en las próximas semanas.
El segundo consistió en representar al grupo de países de América Latina y el Caribe entre los ponentes regionales. Así, México llevó los avances interamericanos en la materia, incluido el tema de la producción y el tráfico ilícito de explosivos.
Finalmente, en el tercer frente, la delegación de México llevó temas de relevancia para el país, que también quedarán plasmados en las recomendaciones finales.
Así, en la primera sesión de trabajo, promovimos la recomendación de realizar enfoques investigativos proactivos para apoyar la judicialización de casos; la creación y fortalecimiento de unidades judiciales especializadas mediante la cooperación y la capacitación internacional; el reforzamiento de las evaluaciones de riesgo en el otorgamiento de licencias para la fabricación y tráfico de armas; el fortalecimiento de controles y registros de armas para evitar la violencia de género, los crímenes de odio y los suicidios; y el robustecimiento de la justicia penal con inteligencia prospectiva.
En la segunda sesión, se recomendó la cooperación para prevenir el uso de nuevas tecnologías en la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego mediante la deep web, drones o vehículos aéreos autónomos; la cooperación transfronteriza para el registro del tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones; así como prevenir la modificación de armas semiautomáticas o automáticas.
Esta reunión obtuvo logros importantes, como fortalecer los compromisos internacionales de sus miembros; promover la firma y ratificación de su protocolo con países que han prohibido recientemente la portación de armas de asalto —caso de Canadá—, e incrementar sinergias entre los trabajos del Grupo con el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés) y Cifta.
México concertó un llamado sobre cómo la fabricación, el uso y el mercado ilícito de armas ha incrementado la violencia, afectando el tejido social y las oportunidades de desarrollo de las personas.
El compromiso global con la meta 16.4 de la Agenda 2030, dirigida a reducir significativamente las corrientes de armas de fuego ilícitas y combatir todas las formas de delincuencia organizada, nos obliga a construir los andamiajes jurídicos, institucionales y de cooperación internacional necesarios para asegurar sociedades pacíficas e inclusivas, libres de violencia armada.
México es quizás uno de los países más afectados por la presencia de armas de fuego en manos de población que las utiliza para cometer crímenes violentos. Desde los foros internacionales más importantes en la materia, tenemos que seguir trabajando con las instancias gubernamentales correspondientes para generar políticas públicas y acciones concretas que nos permitan vivir en una sociedad con mayor paz y justicia.
*Jefe de la oficina del canciller