Una vez conformada la próxima Legislatura mexiquense, tras la designación de plurinominales por parte del Instituto Electoral del Estado de México, la mayoría calificada de Morena y aliados se traduce en una aplanadora legislativa de 53 diputados afines al proyecto de la 4T, de los 75 que se conforma el Congreso local; sin embargo, ello traerá más incógnitas que respuestas en el actuar de los diputados locales para las necesidades de la entidad con mayor densidad poblacional del país.
Su llegada en septiembre se empata con el primer año de mandato de la gobernadora Delfina Gómez y se podría percibir como la consolidación de la Cuarta Transformación en el Estado de México, con una bancada más que fortalecida que no dará cabida a la negociación con la oposición al interior de la Junta de Coordinación Política. A esto se suma la mano del próximo gobierno de la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum, lo que se prevé también dejar en manos de la federación la visión parlamentaria mexiquense y, consigo, el rezago de iniciativas que son indispensables y añejas en la vida democrática de la entidad en rubros financieros y sociales. Se corre el riesgo de que el Legislativo deje de ser un contrapeso, que si bien es cierto nunca lo fue durante el régimen priista en la entidad, es el fin último de la ideología republicana.
Morena es mayoría desde hace dos periodos en el Congreso estatal y pareciera que solo ha experimentado su actuar con más promesas que aciertos; hoy por hoy, su máximo logro fue la aprobación del matrimonio igualitario a mediados de la actual Legislatura, pero con la obligación social al ser uno de los últimos estados en legislar en la materia.
El desgaste social por el esfuerzo político ante la creación del proyecto de Reforma Constitucional y nuevo Marco Legal impulsado por el senador Higinio Martínez Miranda, a través de un Secretariado Técnico que consultó a gran parte de la sociedad civil, desgastó en demasía los trabajos legislativos de los últimos cuatro años, y se pronostica no serán retomados en el nuevo paradigma político mexiquense.
El saneamiento del Issemym con la reforma a su ley de pensiones, es sin duda la máxima exigencia para el desarrollo financiero de la entidad; pero también se encuentra la aprobación de la interrupción legal del embarazo y la independencia total del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para garantizar las sanciones a funcionarios o dependencias que hacen del erario un negocio. Hoy no hay pretextos, son temas que deben estar sin duda en la próxima agenda legislativa mexiquense.