30 de agosto Día Internacional de las “Víctimas de Desapariciones Forzadas”, busca visibilizar esta violación a los derechos humanos, y sobre todo apoyar a las familias de las personas desaparecidas, porque son éstas, las que se mantienen la mayoría de su vida buscando a sus familiares, recorriendo calles, municipios y estados, tratando de encontrar algo que les diga dónde encontrarles.
El concepto de “desaparición forzada” no viene de la academia, sino del grito de los familiares de las víctimas y de la necesidad jurídica de nombrar un crimen donde el Estado dolosamente borra todas las huellas del delito.
Latinoamérica fue el continente que acuñó este término, debido a los atroces actos de violencia que se ejercieron en Guatemala, Chile y Argentina durante los años 70 y 80, donde los estados se dedicaron a desaparecer personas que no estaban de acuerdo con el régimen.
En Argentina se realizaron los llamados vuelos de la muerte, donde a las personas, se les subía en aviones y se arrojaban sus cuerpos en el océano Atlántico, finalizando el circuito criminal de secuestro, tortura, muerte y desaparición propio del terrorismo de Estado, para eliminar las pruebas materiales de los delitos de lesa humanidad cometidos con el fin de consolidar la impunidad de los culpables y generar el terror en la sociedad.
México es y ha sido víctima de la represión del estado, el caso más reconocido es el del señor Rosendo Radilla Pacheco, un compositor de corridos en Guerrero, quién fue detenido ilegalmente en 1974 durante un retén militar, siendo su hijo testigo de la sustracción. Y razón por la cuál la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió una sentencia, para determinar el delito de desaparición forzada y así mismo otorgó la metodología de la aplicación del control de convencionalidad en México.
Como vemos, este tipo de actos del estado se siguen repitiendo en la actualidad como con el caso de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, que a pesar de que el estado insiste en que no tuvo nada que ver, de las investigaciones cometidas por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de derechos humanos se desprenden pruebas suficientes para determinar la injerencia de distintos ordenes de gobierno relacionados con la desaparición de los estudiantes.