Desde mi ventana en Zapopan, miro diario el monumento a la impunidad: las torres de Avaterra, antes llamadas Villas Panamericanas. Este no es solo una crónica, es mi testimonio de cómo una estafa monumental se convirtió en el paisaje cotidiano de un barrio entero.
El escándalo explotó en septiembre, pero la sospecha llevaba años respirando entre nosotros. Supimos entonces que estas torres —prometidas para atletas y familias— eran en realidad un castillo de mentiras financieras. Millones de pesos, dinero del estado y ahorros de vida, se evaporaron entre permisos falsos y contratos fantasmas.
Las promesas oficiales llegaron con bombo y platillo. "Iremos hasta las últimas consecuencias", declaró el gobernador. Pero aquí abajo, en las calles que rodean estas torres, aprendimos que las consecuencias tenían dueño y se medían en metros cuadrados.
Primero llegó el inventario. Octubre nos trajo funcionarios de la fiscalía tocando puertas, anotando nombres, confundiendo víctimas con sospechosos. "Tengan sus papeles en orden", repetían, mientras el miedo se instalaba en cada departamento. Éramos los testigos incómodos de nuestro propio despojo.
Pero el verdadero espectáculo comenzó después. Sin sentencia firme, sin fallo judicial definitivo, llegaron las grúas y los obreros. El gobierno comenzó a remodelar, a pintar, a preparar cada unidad como si la justicia ya hubiera hablado. La pregunta se hizo inevitable: ¿cómo podían estar tan seguros de ganar?
La respuesta llegó en visitas discretas pero elocuentes. Magistrados recorriendo las instalaciones. Un general del Ejército Mexicano llegando con escolta, preguntando por precios y disponibilidad. Mientras los tribunales teóricamente deliberaban, en la práctica las llaves ya tenían nuevos dueños designados. La ironía era perfecta: el Estado, víctima del fraude, se convertía en el primer interesado en liquidar el botín.
Pero esta crónica tiene un capítulo más oscuro, uno que los titulares olvidaron. A menos de 200 metros de estas torres de concreto y corrupción, existió durante más de un año una casa de seguridad donde privaron de la libertad a cinco personas. Todo el conjunto habitacional, intuía que algo estaba mal. Lo oímos en los disparos nocturnos, lo vimos en las fiestas que no terminaban, en incendios que se normalizaron, lo sentimos en el miedo que crecía con cada noche sin luna.
Llamamos a la policía. Presentamos denuncias. Pedimos auxilio una y otra vez. Nadie vino a ayudarnos.
Ahora la pregunta nos persigue: ¿Las autoridades que tan diligentes fueron para inventariar nuestros departamentos sabían de esa casa? ¿Sabían que junto al fraude inmobiliario operaba un centro de privación ilegal de la libertad? Los reportes existen en algún archivo olvidado. Las llamadas al 911 quedaron registradas en alguna base de datos. El silencio de entonces habla más fuerte que todos los discursos de hoy.
Con el Mundial de Fútbol aproximándose, Avaterra brilla con pintura nueva. Las unidades están listas para su venta, el fraude ha sido maquillado como oportunidad inmobiliaria. Mientras tanto, los que vivimos este drama seguimos esperando respuestas que nunca llegan.
Lo más escandaloso no fue el robo inicial, sino la normalización del despojo. Lo más doloroso no es que hayan estafado, sino que ahora vendan la estafa como progreso. Estas torres ya no son viviendas: son la prueba monumental de que en esta ciudad, la justicia llega con factura de constructor y la impunidad tiene llaves para repartir.
El fraude no terminó. Solo se vistió de legalidad. Y desde mi ventana, veo cómo las mismas manos que debían impartir justicia ahora firman las escrituras.