El domingo pasado, Guadalajara atestiguó una de las jornadas de represión más crudas de su historia reciente. En la era de la inmediatez tecnológica, miles de cámaras evidenciaron el pésimo actuar del Ejecutivo estatal. Las autoridades optaron por criminalizar la protesta, persiguiendo por igual a ciudadanos inocentes sin reconocer que la inmensa mayoría de la marcha no formaba parte de los grupos de choque infiltrados.
Los abusos de poder mandados desde la cúpula estatal inundaron las redes sociales. Quedó registro del arresto arbitrario de un joven que, sin agredir físicamente al escuadrón antimotines, fue metido a la fuerza a Casa Jalisco; bastaron sus palabras para confrontar al cuerpo policial. También se viralizó el caso de un repartidor de plataforma, detenido de forma injusta y despojado de sus pertenencias, así como una joven que, armada únicamente con una cartulina, fue violentada. A esto se suman testimonios de personas gaseadas y dispersadas con chorros de agua.
Paradójicamente, aunque existen videos que exponen flagrantemente a los verdaderos provocadores de la violencia, no hay registros de que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefirió encarcelar a 39 personas de la sociedad civil.
El trasfondo de esta indignación no es un asunto menor ni una simple coyuntura electoral: es el colapso del suministro de agua, una responsabilidad directa del SIAPA y de la falta de rectoría del Gobierno del Estado. Este problema arrastra décadas de negligencia y corrupción institucional. Hoy que el desabasto y el agua turbia golpean la vida cotidiana de las colonias metropolitanas, el conflicto ha estallado.
La indiferencia oficial es histórica y criminal. Desde 2008 recordamos la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, fallecido por intoxicación aguda de arsénico tras caer al cauce de la presa del ahogado. Frente a esto, el SIAPA ha sido incapaz de sanear las redes y detener las descargas nocivas, acumulando casi 3,000 muertes en 17 años por insuficiencia renal y cáncer en la periferia debido a la contaminación del agua y la evidente negligencia de las sucesivas administraciones.
Hoy el terror se vuelve generalizado al saber que esa misma agua contaminada llega ya a más de 300 colonias de nuestra ciudad. Guadalajara no vive una revuelta política; vive la manifestación explícita de una ciudadanía harta de la opacidad del SIAPA, y del miedo a quedarse sin el derecho vital al agua.