Con la evidencia a la vista, y lo que hay por conocer —que no será poco—, se comprueba que el país vivió en el gobierno anterior expresiones de venalidad sin precedente. Sin anticipar condenas, queda comprometido el más alto nivel. Y sobre eso, en algo tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador: ni la oposición ni los factores de poder que debían contener el abuso actuaron con eficacia. Ciertamente hubo connivencia de algunos, pero también complacencia de muchos. Sí hubo, no pocos, quienes denunciaron la corrupción, algunos denostados por el ahora presidente. También, hay que decirlo, había voces muy combativas que ahora han optado por el silencio.
El error del escrutinio insuficiente al poder no debe persistir, resultó costoso antes y lo puede ser ahora. En este tiempo es necesario porque la oposición formal está en su peor momento político y de credibilidad y, además, buena parte de los factores de poder viven su propia crisis, padecen miedo, oportunismo o complejo de culpa, lo que les inhibe para alzar la voz, hasta para defender lo suyo. La libertad de expresión es la mejor vía para contener el abuso y la desviación de propósito de quien gobierna. Las libertades a todos sirven, incluso a los mismos gobiernos que suelen resentir los extremos propios del debate democrático.
La corrupción y la violencia, hijas de la impunidad, son las dos heridas más profundas en el cuerpo nacional, ambas se relacionan con el gobierno, por acción o por omisión. Su expresión en los dos últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto fue el descontento y la condena al régimen significó la derrota abrumadora del partido gobernante y el triunfo del candidato que desde siempre hizo bandera el rechazo a la corrupción. Para anular a la otra opción opositora se emplearon los medios del estado y a través de la PGR se le construyó a su candidato presidencial un caso sin fundamento.
El presidente López Obrador se recrea con el mandato que el voto mayoritario le dio contra la corrupción, pero elude el de la legalidad y, en consecuencia, la lucha contra la impunidad. El combate al corrupto no es cuestión de arenga triunfalista, es de aplicación de la ley, de justicia, de sanción para quien incumple su deber a partir del debido proceso. Para bien del país, el fiscal Alejandro Gertz Manero actúa en tal sentido y ha sido él quien ha dado los golpes más certeros para abatir la impunidad. Castigar al corrupto es la mejor manera de ganar la batalla. No es suficiente la promesa de que ahora las cosas serán distintas, tampoco el regresar lo robado. Debe haber sanción porque es un tema de legalidad, no de finanzas públicas ni de cálculo político.
Por razones de su trayectoria, al Presidente se le dificulta entender la legalidad. Los casos son reiterados y lo único que se espera es que el Presidente preste más oído a su entorno para así dar curso a lo que él quiere, pero con apego a la ley. Por ejemplo, si su objetivo era convocar a los hombres más ricos para que participaran en la rifa simbólica del avión presidencial y cuyos recursos se destinarían para atender el tema de salud, se pudo haber integrado una iniciativa con la presencia del sector privado, con un esquema que diera confianza y transparencia, con un mecanismo fiscal que motivara y propiciara la concurrencia de empresas y particulares, en fin, una solución inteligente, razonable e institucional que acreditara el respeto del Presidente por su propia investidura en su irrefutable convocatoria para hacer más por quienes menos tienen. Todo eso se pudo haber logrado si las cosas se hubieran pensado y planeado antes de dispararlas ante los vientos confusos de la opinión pública a partir de la ocurrencia.
La corrupción es la ofensa mayor al país y en su combate bien puede servir de impulso para un cambio. Hay consenso nacional para dejar el oprobio de la venalidad. Se le debe combatir con la ley en la mano y sin el arrebato de quien detenta el poder.
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