Los grandes empresarios han resuelto llevar la fiesta en paz con el presidente López Obrador. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) financió ilegalmente la campaña contra el entonces candidato. Ya en el poder, han colaborado con él. La renovación del CCE ratifica el entendimiento por la vía de la condescendencia. No es un tema de respaldo, ni siquiera de coincidencia; es una decisión pragmática, mucho más ahora cuando faltan 30 meses para la conclusión del gobierno federal y todavía menos para que haya candidato o candidata presidencial del partido gobernante. No es cuestión de política, sino de aritmética; si se han soportado 39 meses, qué tanto es lo que falta.
Por la razón que fuera, los empresarios en la cúpula se han visto más cuidadosos de lo pensable, casi tanto como los dirigentes del PRI. No es del todo cierto su apoyo al Presidente, la mejor muestra es la baja inversión. Rechazan la retórica antiempresarial de la mañanera y, particularmente, tres decisiones: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la reforma del outsourcing y la reforma eléctrica.
Los empresarios saben que quien gobierna se va, el país sigue y también las empresas. Deben pensar que llegará el momento de las campañas y allí las coordenadas de la relación con los hombres del dinero cambian. No solo se trata de partidos y candidatos que pasen la charola, sino de ganar el aval de quienes invierten, más por las condiciones de la economía al momento de las elecciones. Los empresarios saben que el tiempo va a su favor. El problema es la reforma eléctrica y minar la autonomía de los órganos electorales.
El periodo que falta para el relevo en el gobierno es campo minado. Los problemas de siempre se acrecientan por la indolencia gubernamental. Los empresarios mejor que nadie saben y padecen el deterioro del estado de derecho y de las libertades económicas que la Constitución y sus leyes garantizan. La certeza de derechos es el gran desafío de ahora y de mañana.
Los empresarios de base tienen una perspectiva muy distinta a los de la cúpula, porque están más expuestos al deterioro institucional, a la inseguridad y a la extorsión de las autoridades y del crimen. No se sienten representados y, además, sus dificultades no dan espacio a la espera o al pragmatismo. La nueva directiva del CCE a cargo de Francisco Cervantes deberá ser sensible al drama que viven las pequeñas y muy pequeñas empresas. Carlos Slim tiene razón al señalar la responsabilidad de los empresarios y no de los políticos de “remolcar” al país, pero los políticos y, especialmente, el Presidente y su coalición son responsables de crear las condiciones que propicien la inversión y la confianza; no ha ocurrido.
Los empresarios han declinado defender con claridad, determinación y energía sus intereses. Han perdido la convicción de que la empresa, el mercado y las libertades económicas son el punto de partida para un mejor país. Por ahora nada saben hacer frente al abuso de poder. Su silencio es un mal cálculo, pero es la ruta que han escogido.
Federico Berrueto
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