Hace 211 años, el 7 de marzo de 1815, en plena lucha insurgente, Ario de Rosales, Michoacán, fue testigo de un momento decisivo: la instalación del Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana, precursor de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con todas las formalidades, este órgano quedó integrado por José María Sánchez de Arriola como presidente; José María Ponce de León, Mariano Tercero y Antonio de Castro, como magistrados.
José María Morelos presidió el acto solemne y, en éste, inmortalizó el ideal del caudillo y su visión como estatista: que todo el que se queje con justicia tenga un Tribunal que lo escuche, lo ampare y defienda contra el fuerte y el arbitrario. Para recordar tal acontecimiento, conmemoramos el 7 de marzo como el Día del Servidor Público del Poder Judicial de la Federación.
No es casualidad. Este apotegma no es un eco del pasado, sino el faro que resuena incólume en todos los Tribunales y revela que Morelos fue mucho más que un genio militar: un estatista visionario. Incluso, con la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación —a pesar de sus detractores— continúa inalterado el eje fundacional de este poder en nuestra historia independiente: el justiciable como prioridad del servicio público.
Este día es un recordatorio para quienes integramos este escalafón, ya sea por concursos de oposición, designación del Senado o mediante el nuevo respaldo popular, que el mandato constitucional es claro: servir a la Nación mediante un Poder Judicial eficiente y al servicio de la gente. Más allá de la forma en que fuimos designados, somos catalizadores de las demandas sociales, pacificadores de las justas causas y con una vocación de servicio encauzada a través de un elevado sentido de lealtad institucional.
La vocación judicial no es un empleo más: es un compromiso total con la sociedad, una entrega para elevar la calidad de vida de los mexicanos. En ella, confluyen los pilares de nuestra nación: nacionalismo, libertad, justicia, pluralismo político, derechos humanos, soberanía, siempre orientados al bien común por la perseverancia del servidor público.
Hoy, más de 55 mil integrantes de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral velan por ese bienestar. En todos ellos, perdura la promesa moreliana: escuchar, amparar y proteger al ciudadano contra el arbitrario. En este 7 de marzo, que el eco de Morelos guíe nuestra vocación. La verdadera reforma al Poder Judicial no está en las leyes, sino en el compromiso vivo con su apoteg-
ma fundacional.