10 de junio

Ciudad de México /

Las protestas por los abusos de la policía son también, siempre, protestas por otras cosas. La defensa de la actuación de la policía es también defensa de otras cosas. No tiene nada de particular, sucede con casi cualquier protesta. Pero la violencia de la policía se presta especialmente para condensar el malestar. En primer lugar, porque se trata de agresiones físicas: concretas, visibles, que sirven como metáfora de otras violencias. Y en segundo lugar, porque en la actuación de la fuerza pública está en juego la legitimidad.

La civilización del poder político depende de la civilización del uso de la fuerza. Para eso hace falta señalar la arbitrariedad de la policía, protestar, y evitar vaguedades y señalar con exactitud la responsabilidad de cada quien.

Nuestra tradición en eso es ambigua. La denuncia de la violencia del Estado fue central para la cultura política del fin de siglo. El referente obvio era Tlatelolco —un término de comparación desmesurado. Pero además, en esos años cualquier violencia era responsabilidad del sistema, es decir, del PRI, del gobierno, del presidente. Y era imposible hacer un deslinde, de modo que a fin de cuentas, salvo el señor del gran poder, nadie era culpable de nada (algo se hizo bien: la creación de las comisiones de derechos humanos).

Esa sensibilidad hacia la violencia de la policía hizo aumentar las precauciones, en particular en las manifestaciones de protesta, donde había que tolerar casi todo, y por otro lado envió el ejercicio de la fuerza a la clandestinidad (donde se toleraba casi todo). La novedad de los últimos años ha sido la guerra contra el narco, o como se le quiera llamar. Por primera vez tuvimos un discurso de mano dura, ley y orden, tolerancia cero, y tuvimos al ejército en la calle, y partes militares para informar que se había dado muerte a tres, diez, quince civiles, y durante mucho tiempo casi no hubo protestas por eso. Las explicaciones de la policía pasaban sin criba del boletín a la primera plana.

Es muy revelador el destino del gobierno de Peña Nieto. La masacre de Iguala motivó las protestas más intensas y emotivas de que tengamos memoria. Conforme a los antiguos reflejos, la masacre se identificó con Tlatelolco, y se hizo responsable al presidente de la república (y se pasó por alto la operación concreta del sistema político de Iguala, de Guerrero). Pero al mismo tiempo, con diferencia de meses, las masacres de Tlatlaya y Tanhuato, como otras tantas, no despertaron casi ningún interés.

Los abusos de las policías continúan. Nuestra política no se ha civilizado: hacen falta las protestas, y da lo mismo si tienen además otras motivaciones. El problema es que comienza a ser sistemático el doble estándar: se denuncia a la policía si es la de ellos, se justifica a la policía si es la nuestra. A nadie le interesa exigir responsabilidades concretas a individuos concretos. La brutalidad policiaca se convierte en un pretexto. Y del otro lado tiene la disculpa prefabricada: quienes critican son nuestros adversarios. Optamos por un poder salvaje, con tal de que sea de los nuestros. Sólo que al final no será ni nuestra ni suya.

  • Fernando Escalante Gonzalbo
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