Desde la revolución francesa se proclamó la prohibición de aprisionar a las personas por deudas de carácter civil. En México, tanto la Constitución como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos impiden a las autoridades del orden penal encarcelar a quienes no pueden pagar sus obligaciones derivadas de contratos civiles o mercantiles.
Sin embargo, nos cuentan una historia que presume intenta violar dicho precepto de la Carta Magna: En 2019, la agencia automotriz Picacho vendió 63 vehículos a la empresa CEBENSSI para que las adaptará como patrullas y vendiera al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. La operación se realizó con contratos defectuosos que no incluyeron una salvedad de especificaciones ni la capacidad financiera de la compradora, pues la adquisición del municipio era segura, por lo que la operación se llevó adelante.
Todo funcionó bien, el Grupo Automotriz (GA) entregaba las camionetas a CEBENSSI y ésta a su vez le pagó más de 26 millones de pesos. Posteriormente, la agencia Picacho se atrasó con la entrega de los vehículos y ello ocasionó que se incumplieran los calendarios previstos para que el ayuntamiento recibiera las patrullas, lo que trajo como consecuencias sanciones económicas para CEBENSSI, situación que afectó el pago final al GA.
El Grupo Automotriz inició un juicio de carácter mercantil contra CEBENSSI el cual ganó (expediente 499/2020 del Juzgado Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la CdMx). Interpuso una denuncia por supuesto fraude que no prosperó. Insistieron en la vía penal, ahora por el delito de abuso de confianza el cual fue desestimado en primera y segunda instancia.
El juez Zabalgoitia Novales al conocer del juicio de amparo identificado con la clave 184/2024, emitió una sentencia para ordenar que se sometiera a juicio penal a Julio César Sánchez Ocaña representante de CEBENSSI, por no poder pagar sus deudas, sin embargo el juez de control del TSJ no concedió la prisión.
Nuevamente los representantes de Picacho, Grupo Automotriz, insisten a través de un amparo encarcelar a su deudor y esperan que el juez Zabalgoitia Novales, lo permita.