La ideología es el marco para las acciones políticas, las fundamenta y justifica. Si eres político no hay que correrle a mencionar públicamente tu ideología, o como no saben muchos, opinar sobre la posible solución de un problema público es quitarte la máscara y mostrar quién eres ideológicamente, aunque no sepa en dónde se encuentra el propio espectro político.
Luis Villoro nos recuerda que la ideología va más allá de simplemente pensar o no pensar sobre un tema público. No solo es un conjunto de creencias que justifican acciones, sino que también crea órdenes sociales y políticos. Pero por lo pronto nos da para pensar, aunque suene fuerte, es claro que presidentes, diputados, senadores y demás funcionarios tienen una ideología que la mayoría de las veces ni enterados estamos, salvo cuando hay políticos que por sus discursos inferimos de qué lado de la balanza se encuentran.
En un mundo polarizado como el actual, mantener a salvo o en secreto tu ideología se ha convertido en un valor sagrado. Existe un tribunal social contemporáneo — X — que no tendrá piedad cuando se trata de discordias ideológicas. Un ejemplo reciente: hace unos días, dos funcionarios, uno estatal y otro recién nombrado en el Ayuntamiento de Guadalajara, declararon en sus cuentas de X su postura sobre la despenalización del aborto. Su error, contrariamente a lo que muchos piensan, no fue hacer público su pensamiento interno, sino haberlo hecho justo cuando el Congreso local armonizó el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2021. En resumen, fue un problema de timing político.
No defiendo su ideología; hacer eso automáticamente me posicionaría en otra, y no necesariamente en la contraria. Lo que sí podemos entender es que los funcionarios tienen derecho a expresar su posición ideológica sobre cualquier tema. Sería ideal conocer la de todos. Si un funcionario está en contra de la despenalización del aborto, que lo esté. Nadie puede ni debe privarle de ese derecho. Sin embargo, en su calidad de servidor público, está obligado a conocer la ley y cumplirla, de lo contrario, vulneraría los derechos de otras personas, en este caso, de las mujeres o personas gestantes.
No nos enredemos en discusiones que no llevan a ningún lado. Los debates ideológicos son útiles en las democracias en la medida en que sacan a relucir las mejores propuestas para resolver los problemas. Hoy parece claro que la mejor manera de garantizar el derecho a decidir de las personas gestantes, de prevenir las muertes de mujeres en clínicas clandestinas y de enfrentar los embarazos adolescentes es a través de la despenalización del aborto, acompañada de una sólida política pública de salud.
La vigilancia sobre los funcionarios no debería centrarse en lo que publican en redes sociales, sino en su trabajo diario, en su estricto cumplimiento de la ley y en su respeto a los derechos humanos. Debemos prestar atención a sus gestiones y que cumplan la ley, estén o no estén a favor de lo que se ordena. Eso quiere decir que hoy en día ser funcionario no debe ser sinónimo de estar a favor de la despenalización del aborto, sino, en la medida que se avance con el tema, cumplir lo que se mandate la ley desde el lugar donde se tenga el encargo público.