De lo que sí se habla en Jalisco es sobre las supuestas anulaciones de los comicios del municipio de Guadalajara y del gobierno del estado, entre otras impugnaciones de menor impacto. De esta discusión, me atrevo a decir que solo unos cuantos pueden estar al tanto, porque parece hablada en un lenguaje indescifrable para quienes no han pasado por las aulas de la facultad de derecho, y que desata pugnas entre los dos bandos rivales del estado.
A través de los medios de comunicación nos hemos enterado que los tribunales electorales, tanto locales como federales, han desechado algunas de las impugnaciones, principalmente presentadas por Morena. Sin embargo, también se sabe que no todas han sido invalidadas; las más valiosas para la excandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco no han sido descartadas, y ella lo sabe bien, tanto por ser abogada como porque tiene un equipo de abogados milimétricamente pendientes. Lo que seguimos observando, por otro lado, es que los tribunales – todos - solo comunican para un gremio, no para la población. ¿Qué sabrá la población de los embrollos electorales, como si no tuvieran nada que ver con ellos?
A partir de lo anterior, se ha generado un lío en redes sociales con respuestas contradictorias entre los excandidatos, principalmente porque aún hay tiempo para que el tribunal federal resuelva. No obstante, la gente sigue sin estar informada. Y no es que no quiera estar informada; si hay algo de culpa, es que no hay manera. Los tribunales electorales dirigen su información solo a los abogados, y la gente que ni se entere. La excusa es el conocimiento técnico, como si el español no fuera lo suficientemente rico en palabras. Hemos escuchado durante años sobre la renovación de todo el sistema judicial, y eso debería incluir la creación de canales que comuniquen a la ciudadanía y no solo a los abogados.
Aunque una disputa electoral siempre está cargada, primero de tecnicismos jurídicos que pasan desapercibidos para la mayoría de los ciudadanos, y segundo, de una férrea lucha por el poder entre actores y partidos políticos con recursos y conexiones, en estos tiempos pesa más la desinformación.
Informar a la población, y no solo a los abogados, nos haría bien porque contribuiría a la llamada cultura democrática de nuestro estado. Fomentaría una mayor educación cívica y responsabilidad de los actores en cuanto a lo que declaran. Con certezas más claras y difundidas, evitaríamos que los políticos lancen falsas arengas y se enfrenten en discusiones estériles, ya que, al final, alguien debe tener la razón, y esa verdad debe ser conocida.