En México, la discusión del fracking ha quedado atrapada en un debate que mezcla economía, soberanía y medio ambiente. Sus defensores la presentan como una vía para aumentar la producción nacional; sus críticos advierten sobre el consumo intensivo de agua, la posible contaminación de acuíferos y las emisiones de metano. El fracking, o fracturación hidráulica, permite extraer gas y petróleo atrapados en formaciones rocosas mediante la inyección de agua, arena y aditivos químicos a alta presión.
A pesar de la percepción extendida de que el fracking está prohibido, la legislación mexicana nunca lo vetó de manera expresa. Andrés Manuel López Obrador prometió en 2018 que su gobierno no impulsaría esta práctica y, ya en la Presidencia, reiteró que no se otorgarían nuevos permisos. Sin embargo, esa posición política no se convirtió en una prohibición legal. Lo que sí ocurrió fue una reducción considerable de los recursos destinados a proyectos de extracción no convencional.
El debate tomó fuerza nuevamente en 2026, cuando el gobierno reconoció que la dependencia del gas natural importado, principalmente de Estados Unidos, representa una vulnerabilidad estratégica. La posibilidad de aprovechar reservas nacionales volvió entonces a la agenda, acompañada por la promesa de utilizar tecnologías menos agresivas y mantener el control público sobre los proyectos, aun cuando participe capital privado.
Pemex sostiene que existen importantes recursos de gas y petróleo en formaciones de lutitas, sobre todo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. El problema es que la empresa no dispone por sí sola de toda la tecnología ni del financiamiento necesarios para explotarlos a gran escala. De ahí que el gobierno considere alianzas tecnológicas y nuevos mecanismos de inversión.
La experiencia internacional ofrece argumentos para ambos lados. Estados Unidos utilizó el fracking para elevar su producción, reducir su dependencia energética y convertirse en un exportador relevante de gas. En contraste, Francia, Alemania e Irlanda han impuesto prohibiciones o restricciones severas por razones ambientales y sociales. Para algunos gobiernos, el gas es un combustible de transición; para organizaciones ambientales, ampliar su extracción prolonga la necesidad de los combustibles fósiles y retrasa la expansión de las energías renovables.
En México, por tanto, la discusión no se limita a decidir si hay gas disponible, sino bajo qué condiciones podría extraerse, quién asumiría los riesgos y qué beneficios concretos recibirían las comunidades. La viabilidad política del fracking dependerá tanto de la tecnología como de la capacidad del Estado para regular, vigilar y explicar sus decisiones.
Los datos disponibles de opinión sugieren que una eventual autorización del fracking pudiera recibir un respaldo inicial importante. En la Serie Nacional de Parametría (encuesta nacional cara a cara realizada entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2026), la mitad de las personas entrevistadas afirmó que la mayor parte del gas consumido en México viene del extranjero. Cuando se les planteó la disyuntiva, 93% respondió que el país debe producir su propio gas y sólo 4% prefirió seguir comprándolo fuera.
Ese impulso favorable se mantiene incluso cuando aparece el costo ambiental: 61% dijo preferir la producción nacional, aunque se utilicen técnicas dañinas para el medio ambiente, frente a 30% que optó por continuar importando. La reacción positiva podría apoyarse en tres ideas poderosas: soberanía energética, menor dependencia de Estados Unidos y expectativa de empleos e inversión en las regiones productoras.
Sin embargo, el respaldo no sería automático ni permanente. El principal foco negativo surgiría en las comunidades cercanas a los proyectos, donde el temor por el agua, la salud y el deterioro del territorio puede pesar más que el argumento nacionalista. Además, 62% reconoció que no sabía que la producción se había limitado por los daños ambientales de las técnicas de extracción. Esto significa que una mayor información sobre riesgos podría modificar las opiniones iniciales.
También importaría quién opere los proyectos. El 65% considera que el gobierno debe producir el gas, frente a un 23% que prefiere a las empresas privadas. Por ello, un esquema percibido como privatización o negocio para compañías extranjeras tal vez generaría rechazo, incluso entre quienes apoyan la producción nacional. En cambio, la participación de Pemex, reglas estrictas, monitoreo independiente, transparencia sobre el uso del agua y beneficios visibles para las comunidades podrían sostener el apoyo.
La conclusión es clara: la opinión pública mexicana parece favorable a reducir la dependencia energética, pero ese respaldo es condicional. El gobierno pudiera ganar apoyo si presenta el fracking como una estrategia limitada, regulada y bajo control público. Podría perderlo rápidamente si ocurren accidentes, se ocultan impactos o las comunidades sienten que asumen los costos mientras otros concentran las ganancias.