La presidenta presentó una nueva propuesta que agrega un nuevo requisito para poder acceder a un puesto de elección popular: no contar con doble nacionalidad. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea reformar los artículos 82, 116 y 122 constitucionales para que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan exclusivamente nacionalidad mexicana. Si poseen otra, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. Durante el ejercicio del cargo tampoco podrían adquirir otra nacionalidad, utilizar pasaportes extranjeros, invocar protección diplomática de otro país ni ejercer derechos políticos en el extranjero.
Su propósito declarado es evitar conflictos de lealtad y asegurar que prevalezca el interés nacional. Es muy probable que esta propuesta sea muy popular entre la opinión pública, como lo fueron sus propuestas sobre límites a la reelección y al nepotismo.
En lo que se refiere al tema de reelección, la elección de 2027 será la última elección federal en la que determinados diputados podrán buscar la reelección consecutiva. En 2030 se cerrará esa posibilidad para todos los cargos legislativos y municipales comprendidos en la reforma. El artículo tercero transitorio dispone expresamente que estas prohibiciones comenzarán a aplicarse en los procesos electorales federales y locales de 2030. Quienes estén ejerciendo esos cargos en 2030 no podrán postularse para reelegirse.
Esto no significa que una persona quede impedida para siempre. La reforma prohíbe la reelección inmediata o consecutiva: después de dejar transcurrir un periodo, en principio podría volver a competir por el mismo cargo, salvo en la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno, donde la prohibición es definitiva.
En lo que toca a los límites al nepotismo, la reforma constitucional publicada el 1 de abril de 2025 prohíbe que familiares de quien ocupa un cargo se postulen inmediatamente para sucederlo en ese mismo cargo. La prohibición comprende a quienes hayan tenido, durante los tres años anteriores al día de la elección, alguno de estos vínculos con la persona titular: matrimonio, concubinato o unión de hecho; parentesco consanguíneo o civil en línea recta, sin límite de grado: padres, hijos, abuelos, nietos, etcétera; parentesco colateral hasta el cuarto grado: hermanos, tíos, sobrinos y primos hermanos; parentesco por afinidad hasta el segundo grado: suegros, yernos, nueras y cuñados, entre otros.
Los puestos a los que aplica esta legislación son presidencia de la república, gobernatura, jefatura de gobierno de CDMX, diputación federal, diputación local, diputación del congreso de la CDMX, presidencia municipal, regiduría o sindicatura, alcaldía o concejalía de la CDMX.
La regla se dirige a impedir la sucesión familiar directa en el mismo puesto, no a prohibir que todos los familiares de un funcionario participen en cualquier elección. Aunque la reforma forma parte de la Constitución, su artículo segundo transitorio dispone que la prohibición de nepotismo electoral será aplicable a partir de los procesos electorales federales y locales de 2030.
Los cambios constitucionales sobre reelección y nepotismo electoral coinciden ampliamente con la opinión pública registrada por la Serie Nacional de Parametría en agosto de 2026. El 64% de los entrevistados rechaza que se permita la reelección de autoridades y legisladores, mientras solo 25% la apoya. Asimismo, 64% considera que la reelección no ha contribuido a tener representantes más capaces y profesionales, frente a 24% que reconoce algún beneficio.
Estos resultados respaldan la reforma que, desde los procesos electorales de 2030, prohibirá la reelección consecutiva de legisladores federales y locales, así como de presidentes municipales, regidores, síndicos, alcaldes y concejales. La coincidencia es clara: aproximadamente dos terceras partes de la población comparten el principio de no reelección. Además, entre febrero de 2025 y agosto de 2026, el respaldo a esta figura disminuyó de 33% a 25%, lo que indica un deterioro de su legitimidad pública.
La perspectiva histórica refuerza esta interpretación. Desde 2002, la oposición a permitir la reelección se ha mantenido alrededor o por encima de seis de cada diez entrevistados en todas las mediciones. Aunque el apoyo alcanzó 33% en febrero de 2025, ese avance no se consolidó. Paralelamente, la expectativa de que la reelección produciría representantes más profesionales tampoco se materializó para la mayoría. Esto sugiere que la ciudadanía evalúa la figura menos por sus beneficios teóricos —continuidad, experiencia y rendición de cuentas— que, por su experiencia concreta con partidos, legisladores y gobiernos locales, marcada por desconfianza y escasa percepción de resultados.
El acuerdo es aún mayor respecto del nepotismo. El 74% está en desacuerdo con que un familiar suceda a quien ocupa un cargo de elección popular y únicamente el 16% lo aprueba. Esta posición coincide directamente con la prohibición constitucional de la sucesión familiar en el mismo puesto.
Sin embargo, la correspondencia no es absoluta. La encuesta utiliza definiciones más generales que la legislación y no pregunta si las prohibiciones deberían comenzar en 2027 o hasta 2030. Por ello, puede afirmarse que la reforma recoge el sentido mayoritario de la opinión pública actual, aunque su aplicación es más limitada y gradual de lo que posiblemente espera una parte de la ciudadanía.
Es muy probable que la nueva reforma que se propone para evitar la doble nacionalidad a puestos de elección popular de primer nivel goce del respaldo que han tenido las propuestas sobre reelección y límites al nepotismo.