Al final de la primera administración del presidente Donald Trump, durante la conferencia de la Asociación Estadounidense de Investigación de Opinión Pública, AAPOR (American Association for Public Opinión Research) Tim Johnson, el presidente de la organización, advirtió sobre el peligro y amenaza para la generación de datos y la ciencia en general. Esto sucedió en 2018, en la ciudad de Denver durante la 73.ª edición de dicha conferencia. Johnson argumentaba que el cuestionamiento sobre las mediciones sociales en general, las encuestas en particular o datos duros como los del censo, peligraban por el cuestionamiento a su legitimidad por parte del poder presidencial.
Un síntoma de esta amenaza ya se observaba en esta misma conferencia el año pasado, al inicio de la segunda administración del presidente Trump. Un evento al que regularmente asisten alrededor de 1,500 personas solo tuvo una audiencia de poco más de 600. El recorte de fondos y financiamiento para distintos proyectos de investigación para generar distintos indicadores sociales no tenía fondos para pagar los viáticos de los investigadores. En casos extremos, los programas o las oficinas desaparecieron.
Al parecer, aquella advertencia que parecía un poco exagerada y lejana en 2018 llegó a tener su primera consecuencia relevante la semana pasada, en la industria de la opinión pública. Durante casi nueve décadas, Gallup fue sinónimo de la medición de la aprobación presidencial en Estados Unidos. Desde la década de 1930, sus encuestas ofrecieron una serie histórica única que permitió comparar el desempeño de distintos mandatarios bajo contextos políticos, económicos y sociales muy diversos. Sin embargo, recientemente la empresa anunció que dejaría de publicar su tradicional índice de aprobación presidencial.
De acuerdo con el comunicado oficial de Gallup, la decisión responde a un cambio estratégico en sus prioridades de investigación. La organización argumentó que la medición de aprobación de figuras políticas individuales, incluido el presidente, ya no representa un ámbito en el que pueda aportar un valor distintivo frente a la proliferación de encuestas realizadas por múltiples medios, universidades y firmas privadas. En un entorno donde existen numerosos promedios agregados de aprobación y seguimiento casi diario por parte de distintas plataformas, Gallup sostuvo que sus recursos pueden emplearse mejor en estudios más amplios sobre bienestar, economía, cultura cívica y tendencias sociales de largo plazo.
Desde el punto de vista institucional, Gallup enfatizó que su misión es entender la opinión pública de manera profunda y estructural, más allá de las fluctuaciones coyunturales de la popularidad política. Según su argumentación, la medición de aprobación presidencial se ha convertido en un indicador ampliamente replicado, mientras que áreas como la medición del bienestar subjetivo, la confianza en instituciones o las percepciones sobre la economía pueden beneficiarse más de su enfoque metodológico y de su experiencia acumulada.
No obstante, la decisión se produce en un contexto político altamente polarizado. El presidente Trump ha cuestionado la validez de las encuestas, acusándolas de sesgo o incluso de manipulación. Aunque Gallup no ha señalado explícitamente presiones directas como causa de su decisión, el entorno político constituye un telón de fondo inevitable.
Pueden identificarse varias posibles razones políticas indirectas que ayudan a comprender el momento de esta decisión. La creciente desconfianza hacia las encuestas puede erosionar la disposición de los ciudadanos a participar en estudios, afectando las tasas de respuesta y aumentando los costos de recolección de datos. Cuando la figura presidencial desacredita sistemáticamente los sondeos, el trabajo del investigador se vuelve más complejo y potencialmente más vulnerable a ataques públicos.
La publicación periódica de índices de aprobación puede convertir a la consultoría que la genera en un actor visible dentro del debate político. Aunque las empresas de investigación de opinión buscamos mantener neutralidad, la simple difusión de resultados favorables o desfavorables puede desencadenar polémica. En un ambiente polarizado, proteger la credibilidad institucional puede implicar reducir la exposición en temas particularmente sensibles.
Existe una dimensión estratégica relacionada con la marca. Gallup construyó durante décadas una reputación basada en la calidad metodológica y la independencia. Si el indicador de aprobación presidencial se percibe cada vez más como un dato intercambiable, replicado por múltiples fuentes y sometido a agregaciones automáticas en medios digitales, la ventaja comparativa de producirlo puede disminuir. Desde la lógica empresarial, reasignar recursos hacia áreas donde la firma pueda ofrecer análisis más diferenciados puede ser una decisión racional.
Sin embargo, es importante subrayar que no existe evidencia pública de que Gallup haya actuado bajo una orden gubernamental o una coacción directa. La explicación oficial se centra en criterios estratégicos y de misión institucional. Desde una perspectiva profesional, la decisión puede interpretarse como una adaptación a un ecosistema de información saturado, donde la competencia por atención y credibilidad es cada vez mayor.
En síntesis, lo ocurrido con la medición de aprobación presidencial de Gallup podría reflejar tanto transformaciones internas en la estrategia de la organización, como cambios en el entorno político y mediático estadounidense. Para los investigadores de opinión pública, el episodio ilustra los desafíos de medir la opinión pública en contextos de polarización intensa y desconfianza institucional.