La posibilidad de una acción radical por parte de Estados Unidos en territorio nacional hace pertinente realizar una revisión del estado de la opinión pública y los niveles de tolerancia ante diferentes escenarios. En este tema, como en otros, la reacción del público es un factor más que relevante.
Los datos de Parametría describen un cambio reciente en la opinión pública mexicana sobre la relación con Estados Unidos. En ellas también se analizan posibles formas de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico. En conjunto, las tendencias sugieren una ciudadanía que reconoce la importancia estratégica del vínculo bilateral, pero que también establece límites claros respecto a la intervención directa de actores estadounidenses en territorio nacional.
En primer lugar, los datos muestran una tensión persistente en la identidad geopolítica: ¿México debe estar más cerca de Estados Unidos o de América Latina? A lo largo del tiempo se observan variaciones, pero en la parte final de la serie (2024–2025), la preferencia por “estar más cerca de América Latina” se mantiene ligeramente por encima o en niveles similares a la opción de “estar más cerca de Estados Unidos”.
En diciembre de 2025, por ejemplo, la opción de cercanía con América Latina se ubica en torno a la mitad de las menciones, mientras que la cercanía con Estados Unidos permanece alrededor de cuatro de cada diez. Esto sugiere que, aunque el pragmatismo económico y migratorio hace inevitable la relación con Washington, en el imaginario público persiste un anclaje regional y una sensibilidad histórica frente a la asimetría de poder con el vecino del norte.
La evaluación de la relación bilateral confirma que la percepción no depende únicamente de la importancia estratégica, sino del contexto político. Se aprecia un periodo de valoración positiva muy alta en 2021–2023 --con niveles superiores a dos tercios calificando la relación como “muy buena/buena” --, seguido de un deterioro notable hacia 2024–2025, cuando crece la percepción de una relación “mala/muy mala” y cae la evaluación positiva. Para 2025, la serie parece entrar en una fase de recomposición parcial, pero sin recuperar los máximos previos. Esta oscilación indica que la ciudadanía reacciona a señales políticas concretas: tensiones por migración, comercio, seguridad fronteriza o retórica electoral en Estados Unidos pueden trasladarse rápidamente a la opinión pública mexicana.
La opinión sobre el presidente estadounidense muestra un patrón de alta polarización afectiva. Durante el periodo de Joe Biden, las opiniones favorables se mantuvieron relativamente altas --cercanas a siete de cada diez--, mientras que con Donald Trump las opiniones negativas dominan de manera consistente, con niveles muy altos en 2024. Esto tiene implicaciones directas: la relación bilateral no solo se evalúa como un asunto de Estado, sino también como un vínculo emocionalmente cargado, donde la figura presidencial en Washington importa.
Se observa que existe apertura o tolerancia a distintos tipos de ayuda estadounidense: capacitación (66% a favor), vigilancia con drones desde Estados Unidos (53% a favor) y apoyo con equipo (51% a favor). Sin embargo, conforme la cooperación se acerca a la presencia operativa en México, el apoyo disminuye: el envío de agentes a la frontera divide opiniones (47% a favor vs. 44% en contra), y la asistencia en dinero o el envío de agentes al interior del país generan rechazo mayoritario (40% a favor vs. 49% en contra; 36% a favor vs. 55% en contra). Estas distinciones son clave: la ciudadanía distingue entre cooperación técnica o tecnológica y acciones que percibe como intervención o pérdida de control soberano.
Ante el escenario de intervención estadounidense en asuntos de inseguridad, la opinión pública se reparte entre quienes creen que la inseguridad disminuiría, quienes creen que aumentaría y quienes consideran que permanecería igual. En diciembre de 2025, el grupo más grande tiende a pensar que “permanecería igual”, mientras que “disminuiría” supera a “aumentaría”. Esto sugiere expectativas moderadas: incluso quienes apoyan cierta cooperación no necesariamente creen en soluciones rápidas, y existe una porción importante que anticipa efectos limitados o inciertos.
Finalmente, se observa una tendencia de largo plazo: el rechazo al “envío de agentes al interior del país” se ha consolidado, y en el último punto disponible (diciembre de 2025), el desacuerdo alcanza alrededor de 55%, mientras que el acuerdo cae hacia 36%. Esta evolución indica que la intervención directa se vuelve políticamente costosa, para el gobierno mexicano y para la narrativa pública de legitimidad y control territorial.
Sin embargo, ante la situación hipotética de una intervención en un conflicto concreto como es el caso de Sinaloa, el público se observa más tolerante o que incluso apoyaría tal opción. Si bien el margen es muy estrecho o es una opinión pública dividida, llama la atención que gane la posición “a favor de una intervención”. De esto se puede concluir que cuando la pregunta de intervención de efectivos es teórica o genérica, la gente está ligeramente en contra, pero cuando se refiere a una situación específica, la opinión se torna a favor.
En conclusión, se observa una ventana para cooperación “no intrusiva”. Los datos sugieren espacio político para acuerdos en inteligencia, capacitación, tecnología y equipamiento. En contraste, esquemas con presencia operativa estadounidense en territorio nacional enfrentarán resistencia social y pueden detonar costos políticos.
La ciudadanía funciona como “candado” ante decisiones de seguridad. Cualquier estrategia que ignore estas sensibilidades puede erosionar legitimidad, polarizar y reducir el margen de maniobra del gobierno. La relación con Estados Unidos en temas de seguridad es inevitable, pero condicionada por percepciones políticas y por un umbral social claro: cooperación sí, intervención directa no.