Ex gobernadores y ADM, austeridad necesaria

En el marco del inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y en pleno debate sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el gobernador del Estado de México anunció, el 4 de diciembre, la intención de bajar su sueldo a una cifra menor a la del Ejecutivo federal, para estar a tono con las políticas de austeridad del nuevo gobierno. Esta es una decisión digna de encomio.

Unos días después, el 10 de diciembre, la fracción de Morena en la legislatura local fue más allá. Propuso que sean eliminados todos los apoyos de que gozan los ocho ex gobernadores vivos: Eruviel Ávila, Enrique Peña, Arturo Montiel, César Camacho, Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo, Alfredo Baranda y Alfredo del Mazo. Sin duda esto sería un duro golpe para la clase política mexiquense, acostumbrada a vivir del erario y de los negocios al amparo del poder.

Es de sobra conocida la forma en que los gobernantes del Estado de México se han enriquecido durante el cargo. Todos han seguido las enseñanzas de Carlos Hank de que “un político pobre es un pobre político” y ninguno ha querido ser eso. La mayoría de ellos han aspirado a conquistar la presidencia de la República y eso solo se consigue con mucho dinero en nuestro país, donde el voto ha sido considerado una mercancía más, salvo excepciones.

Los ex gobernadores son uno de los mejores ejemplos de una clase gobernante que “ha vivido de la política y no para la política”, es decir que se ha dedicado a ella para lucrar y no para servir. La lista de abusos y corruptelas con los recursos públicos sería imposible de reproducir aquí. Se han amasado fortunas incalculables.

La iniciativa de ley, que fue presentada por Morena, busca eliminar todos los beneficios que tienen los ex gobernadores de la entidad, a quienes en promedio les pagan 32 personas para su servicio, entre ellos chofer, ayudantes, guardias, secretarias y asesores. Se espera que la propuesta sea aprobada en este mes, para que a partir del 2019 los ex mandatarios no tengan pagos extras ni personal a su servicio.

Independientemente del destino que tenga la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, todo parece indicar que la austeridad republicana llegó para quedarse. Sin embargo, dicha ley difícilmente afectará el nivel de vida de los ex gobernadores. Es vox populi que todos ellos, de una u otra manera, acumularon grandes fortunas en su gestión.