Los acontecimientos ocurridos el domingo en San Juan Ixhuatepec han puesto en evidencia varios hechos. El primero es la incapacidad de las policías para hacer frente a la delincuencia en el Estado y en la Ciudad de México. El segundo es la falta de coordinación entre las autoridades de ambas entidades, para combatir a la delincuencia común y a la organizada. El tercero es que la indignación popular mal encauzada genera serias alteraciones al resto de la sociedad.
La incursión de los policías capitalinos en territorio mexiquense, a causa de la persecución de un grupo de delincuentes que fueron encontrados en flagrancia, generó un conflicto inesperado. Aunque la constitución permite que este tipo de delitos sean perseguidos de forma continua, incluso cuando se cruzan los límites de la entidad donde fue cometido, el gobierno mexiquense se quejó de que el gobierno capitalino no le avisó de la incursión policiaca.
Además, el hecho de que la policía de la Ciudad de México haya entrado masivamente a territorio mexiquense generó una molestia adicional. Además de tolerar los frecuentes abusos de la policías estatal y municipal, los de San Juanico vivieron un operativo inédito que exacerbó los ánimos populares y terminó en enfrentamientos violentos, quema de patrullas y cierre de carreteras.
Los acontecimientos posteriores al enfrentamiento entre los pobladores y los policías capitalinos hicieron evidente la falta de capacidad del gobierno estatal para imponer el orden y liberar las vías de comunicación, con la consecuente afectación para millones de personas, que vieron alterados sus horarios de trabajo y de estudio.
Los acontecimientos de San Juanico hacen evidente la necesidad de contar con policías profesionales y capacitadas para atender cualquier problemática social. También reflejan la necesidad de una mayor coordinación entre los respectivos gobiernos locales, para enfrentar este tipo de manifestaciones de inconformidad social, al mismo tiempo se combate de manera eficaz a la delincuencia.
México está cambiando. En los próximos meses enfrentará manifestaciones sociales y políticas diversas, que deberán atenderse de muchas maneras para evitar que la actuación policiaca rebase los límites de la ley o que la protesta social desborde el ámbito de la coexistencia pacífica. Para lograrlo se requiere del concurso de múltiples actores sociales e instituciones gubernamentales. Es un buen momento para hacerlo.