Cada año, aproximadamente 4.5 millones de personas son mordidas por un perro en el mundo y tan solo en la Ciudad de México, se registran más de 5,000 casos de ataques anuales, muchos de consecuencias fatales.
El más reciente, y grave incidente reportado, es el caso del niño que caminaba con su mamá de regreso de la escuela en el estado de Morelos, y fue atacado en el rostro y en la cabeza por un perro pitbull.
Las lesiones son graves y lo mantienen hospitalizado. El dueño del perro se muestra dispuesto a hacerse responsable
de los gastos médicos.
Sin embargo eso no va a reparar el trauma ni a eliminar por completo las cicatrices en el mejor de los casos, si el menor logra salir del hospital. Eso sin contar el resto de las secuelas.
El pitbull ocupa el primer lugar de agresiones graves a nivel mundial seguido del bull terrier y del rottweiler.
Por supuesto que no se puede generalizar ni afirmar que todos los ejemplares sean agresivos, pero al final las estadísticas están ahí. Lo que es claro es la irresponsabilidad e inconsciencia de los humanos.
Lamentablemente tenemos profundos y gravísimos vacíos legales que siguen permitiendo a personas negligentes e insensibles tener estas razas de perros en su poder sin el conocimiento, instalaciones, ni entrenamiento adecuado por el
peligro que representan.
Las leyes, si acaso, obligan al propietario a pagar los gastos médicos o funerarios y una indemnización.
Pero ese tipo de medidas no desalientan el que otros continúen cometiendo los mismos actos irresponsables, aún a pesar que han muerto niños de su propia familia por causa de ataques repentinos, muchas veces atribuibles al temperamento tortuoso del animal.
Una persona puede ser castigada con cárcel si provoca lesiones graves a otros usando artes marciales. Su propio cuerpo se considera un arma.
Si manipula una pistola y, por descuido, mata a otra persona, puede ser procesado por homicidio culposo. Si su auto se descontrola y mata a alguien ocurre lo mismo.
Pero puedes tener un perro que mata a una persona o a varias, y no hay ninguna consecuencia jurídica grave. Como muchas cosas en México, las víctimas están en el absoluto desamparo.