El sistema ‘anticorrupción’, ¿acredita resultados?

Diversificar la integración de la representación política trajo consigo también pluralizar la corrupción. En la protección al delito contra el patrimonio público se hermanan hoy las diversas fuerzas políticas. Para ello se alentó, por ejemplo, la judicialización de la política [la aprehensión de Elba Esther Gordillo], y la politización de la justicia [la exoneración de la otrora lideresa del SNTE]. De cara a nuestros problemas, se buscan respuestas sólo en la innovación y el diseño institucional. Para atenuar la corrupción, por ejemplo, se institucionalizó la transparencia en todas las dependencias públicas [todas y cada tienen ahora una oficina de transparencia, denominadas UTI’s] y se crearon organismos constitucionalmente autónomos [OCA’s como Itei, Inai, etc.]. Proliferaron y evolucionaron los entes de fiscalización [contralorías y auditorías] y creamos un aparatoso y burocratizado Sistema Nacional Anticorrupción.

No obstante, en el Índice de Percepción de Corrupción, de Transparencia Internacional, México cada año se aleja más de los primeros lugares, correspondientes a los países menos corruptos. Mientras que en el año 2000 México se colocaba en el lugar 59 del ranking internacional; para 2017, ¡retrocedimos hasta el lugar 135! La transparencia logró hacer visible la multiplicación de la corrupción e impunidad, nada mas. No hay voluntad, ni autoridades dispuestas a castigar corruptos. La tolerancia al fraude, a la estafa, al peculado o al soborno, son una constante. Constituyen el ADN del poder político. También, las más ingeniosas estrategias para cierta clase de empresarios que corrompen gobiernos para conseguir contratos, compras sin licitación y colocan tanto obras fraudulentas, como venden caro y de pésima calidad. Impunes y millonarios.

La eficacia institucional tiene tres componentes, que son interdependientes. Necesarios, pero no suficientes, si son considerados individualmente: 1) diseño e innovación institucional [en el que México acusa ser perito en la materia: OCA’s, fiscalías autónomas, abultados ‘sistemas’ que no tienen ningún antecedente en el concierto internacional, como el anticorrupción]; 2) el de los perfiles [basado en la nefasta metodología de las cuotas y los cuates]; y 3) el de la voluntad política, que es en muchos casos inexistente, como lo demuestran los sistemas anticorrupción, que se aturden en el enorme pantano de la podredumbre institucional. Sistemas que resultan una tapujo para el ciudadano. Un engaño a la legítima expectativa de acotar la corrupción, a través de novedosa burocracia, de más inversión en organismos que están diseñados para legitimar, no para inhibir la corrupción. Instituciones que presumen apoyo de eso que se hace llamar la ‘sociedad civil’, pero que no ofrecen resultados. De operación autocomplaciente y profundamente ineficiente…

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