Milenio documentó mediante solicitudes de transparencia una realidad que debería llamar la atención de autoridades y ciudadanos. Desde 2018 se han abierto 284 carpetas de investigación contra elementos de la Policía Vial de Jalisco. Sólo 46 fueron judicializadas y apenas 34 derivaron en vinculaciones a proceso. El dato verdaderamente escandaloso es que no existe registro de una sola sentencia condenatoria o absolutoria. Cientos de investigaciones, decenas de imputados y ninguna resolución definitiva. Es la radiografía de una impunidad institucionalizada.
Entre 2022 y 2026, la Fiscalía estatal abrió otras 85 carpetas por abuso de autoridad, extorsión y cohecho cometidos presuntamente por policías viales. El abuso de autoridad concentra 68 casos, equivalentes al 80 por ciento. Las denuncias tampoco son excepcionales ni corresponden a un periodo aislado. Se presentan año tras año y abarcan Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto y diversos municipios del interior del estado.
La baja judicialización de las investigaciones es reveladora. De las 284 carpetas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción, sólo 46 llegaron ante un juez. Es decir, más de ocho de cada diez investigaciones no han superado el laberinto ministerial. Incluso las 34 vinculaciones a proceso pierden fuerza frente a la ausencia absoluta de sentencias. Vincular no es condenar, pero investigar durante ocho años sin producir una sola resolución judicial tampoco puede presentarse como procuración eficaz de justicia.
El rezago, además, está creciendo. Las investigaciones en etapa inicial pasaron de cinco en 2022 a 37 en 2025, mientras que durante 2026 ya se contabilizan 32. Lejos de cerrar expedientes, la autoridad parece especializarse en abrirlos. Cada carpeta nueva alimenta la estadística institucional, pero no necesariamente acerca a las víctimas a la justicia. Investigar sin resolver puede convertirse en otra forma de administrar el escándalo.
El caso de los llamados “quitamultas” exhibe la dimensión económica de esta descomposición. Una auditoría de la Contraloría estatal detectó 114 mil 323 movimientos de cancelación de folios sin soporte, por 106.9 millones de pesos. Hubo denuncias, procedimientos administrativos y tres carpetas en investigación inicial. Sin embargo, hasta el 29 de julio de 2026 no existe información pública que permita conocer responsables, sanciones o recuperación del probable daño al erario.
La respuesta oficial fue que a los involucrados no se les renovó el contrato y que la presunta red de corrupción dejó de persistir al cien por ciento. La afirmación es tan cómoda como insuficiente. No renovar contratos no sustituye una sentencia, no recupera recursos públicos y tampoco revela quién autorizó, operó o se benefició de más de 114 mil cancelaciones irregulares. Separar personas sin esclarecer responsabilidades permite desactivar el problema laboral, pero deja intacto el problema penal.
Asuntos Internos sostiene que ha ampliado los mecanismos de denuncia y que puede iniciar investigaciones a partir de publicaciones en redes sociales. Es una medida pertinente, aunque insuficiente mientras los procedimientos carezcan de resultados verificables. La Envipe 2025 confirma el deterioro. El 73.1 por ciento de los jaliscienses percibe corrupta a la Policía Vial, por encima de jueces, policías municipales, ministerios públicos y otras corporaciones. La percepción no constituye por sí misma una prueba penal, pero tampoco surge de la nada.
La corrupción vial ocurre en el espacio cotidiano donde el ciudadano se encuentra solo frente a la autoridad. Allí, una facultad legítima puede transformarse en amenaza y una infracción en oportunidad de extorsión. Por eso, la ausencia de sentencias no demuestra que no haya corrupción. Demuestra que las instituciones encargadas de perseguirla no han podido, no han sabido o no han querido llegar hasta sus últimas consecuencias.
Una institución que denuncia mucho, judicializa poco y no sentencia nunca, termina protegiendo aquello que asegura combatir. La impunidad se vuelve rutina, la placa deja de representar la ley y comienza a funcionar como escudo de quienes la vulneran.