El discurso insiste en que el subsidio al transporte público es una medida de justicia social. Dicen que busca aliviar el gasto de las personas que menos tienen y garantizar el derecho a la movilidad. Pero en la práctica, los gobiernos de Jalisco han destinado miles de millones de pesos no a un transporte colectivo, sino en rescatar y financiar un negocio privado que, a pesar del dinero público recibido año con año, opera con deficiencias estructurales, malos tratos a usuarios, rutas ineficientes, impuntuales e inseguros. Uno de los peores del país.
Entonces, ¿a quién se subsidia realmente? ¿A las personas o a los concesionarios? Entre 2021 y 2025, el gobierno estatal programó mil 488 millones de pesos para la renovación del parque vehicular. Un monto similar al que el anterior gobierno presumió como “inversión pública” en 2023, para sustituir la flota completa de autobuses. En realidad, la inversión privada fue mayor, llegó a 5 mil 300 millones de pesos contra los provenientes del pago de nuestros impuestos. Es decir, el gobierno pagó el 22.9 % de la cuenta a los empresarios que tienen secuestrado en la mediocridad el transporte colectivo urbano de Jalisco. Aun así, el negocio no es público, las rutas no las define Jalisco y los ingresos por tarifa no los administra el gobierno. ¿De verdad se puede llamar a esto “transporte público”?
Peor aún. En 2026 el gobierno anunció un subsidio de mil 200 millones de pesos para mantener la tarifa congelada. Ese monto, sin embargo, no está etiquetado en el presupuesto estatal. Lo que sí aparece es un fideicomiso de 777 millones. ¿Y el resto? Nadie sabe.
Las cifras marean y los discursos confunden, pero la realidad permanece evidente. Se han construido subsidios opacos, costosos y sostenidos por una lógica privatizadora y deficiente. Se invierte dinero público en un sistema concesionado que sigue operando sin transparencia, sin controles reales de calidad, inseguro, impuntual y con márgenes de ganancia para los mismos empresarios de siempre. Uno que no desincentiva el uso del automóvil, precisamente por ser cada vez más deficiente, impuntual e inseguro. ¿Hay algún otro negocio privado que reciba esta cantidad de recursos públicos para garantizar su operación y mantener su rentabilidad, además, ofreciendo cada vez peores resultados en la calidad del servicio?
Ninguna tienda, restaurante, fábrica o empresa recibe subsidios multimillonarios cuando sube la gasolina o el salario mínimo. Pero los empresarios del transporte sí. Cada aumento en sus costos se convierte en una excusa para pedir más dinero al gobierno. Más dinero público. Y las autoridades, dóciles y obedientes (o cómplices), responden con recursos públicos que deberían estar destinados a salud, seguridad o infraestructura verdaderamente pública, como más líneas de tren ligero para la ciudad.
La mayor proporción del recurso público denominado subsidio NO se destina a mejorar el servicio, ni a ampliar rutas, ni a garantizar la gratuidad para estudiantes o personas con discapacidad. Se transfiere, en cambio, de manera directa o encubierta, a los bolsillos de los concesionarios. Jalisco asume el riesgo y la carga financiera de un negocio que no le pertenece, mientras que los empresarios retienen el control de las rutas, los ingresos por tarifa y las decisiones operativas. Así, lo que se presenta como una política social progresista, termina siendo un subsidio a la ineficiencia privada. Se sostiene con dinero público un modelo de transporte capturado por intereses particulares, que no rinde cuentas, que no desean mejorar en la calidad del servicio, y que, paradójicamente, se describe como “moderno”.
En suma, el transporte urbano en Jalisco NO es público. Es un negocio privado subsidiado, profundamente deficiente, inseguro ¡vergonzante para Jalisco! Así las cosas, seguimos financiando un modelo que no cambia, que no mejora y que sólo reproduce el clientelismo disfrazado de política social. La crítica no es al subsidio como instrumento, es al uso indiscriminado y sin condiciones de los recursos públicos para sostener un modelo de negocio fallido y deplorable. Subsidios sin transformación son regalos o corrupción. Y en este caso, regalos financiados por todas y todos, pero que benefician a los concesionarios.