En el Congreso del Estado de Jalisco ocurren decisiones administrativas documentadas que revelan una forma de “destinar” el dinero público marcada por los absurdos, el sobreprecio y una preocupante normalización de la discrecionalidad.
Hagamos una degustación mínima de este estilo peculiar de gasto. De acuerdo con el fallo de adjudicación de la Licitación Pública PLEJ/LXIV/016/2025, emitido el 11 de julio de 2025, el Congreso de Jalisco adjudicó el contrato denominado Adquisición de Servicio de Limpieza II a la empresa O&R Femare Servicios S.A. de C.V. por un monto de 333 mil 337 pesos mensuales, IVA incluido. El servicio contempla una plantilla de 12 personas. El cálculo y el sentido común es inevitable. Cada trabajador representa un costo aproximado de 28 mil pesos mensuales. Esta cifra rebasa los precios de mercado para servicios de limpieza tercerizados en Jalisco, incluso considerando prestaciones, insumos y supervisión. No se trata de un hospital, ni de una instalación de alta especialización, sino de un edificio del Legislativo.
El segundo caso resulta aún más elocuente. Mediante la Licitación Pública PLEJ/LXIV/050/2025, cuyo fallo se emitió el 18 de diciembre de 2025, el Congreso adjudicó la Reparación del Sistema Hidrosanitario del Edificio Juárez y Rehabilitación de Tubería a la empresa Urbanizaciones y Edificaciones Loro S.A. de C.V. por un monto total de ¡4 millones 605 mil 200 pesos! IVA incluido. El contrato se distribuye entre los ejercicios fiscales 2025 y 2026 y se justifica en la atención de una “fuga de agua” y la sustitución de “tubería”. Ojo, los tubos no son de cobre o de titanio, principalmente fueron ¡de PVC! El documento tampoco explica qué tramos fueron intervenidos ni bajo qué milagro hidrosanitario una tubería de uso ordinario alcanzó súbitamente el estatus financiero de obra magna, como si el PVC, al cruzar la puerta del Congreso, se revalorizara por decreto.
A estos gastos se suma la Licitación Pública PLEJ/LXIV/030/2025, cuyo fallo se emitió el 26 de agosto de 2025, correspondiente a la Actualización Tecnológica al Sistema Electrónico de Registro de Asistencia, Votación Electrónica y Despliegue de Información. El contrato fue adjudicado a “Era Telecomunicaciones S.A. de C.V.” por un monto de 13 millones 31 mil 998 pesos, IVA incluido. El objeto del gasto se presenta de manera amplia y genérica. No se detalla cuántos equipos se compraron, qué licencias se contrataron ni cuánto tiempo se supone que sobrevivirá el “sistema” antes de que el secretario general pida otra actualización millonaria. De lo demás, los diputados sólo reciben el número final, como quien paga la cuenta sin ver el menú y agradece que al menos le digan cuánto debe.
Estos contratos no son accidentes administrativos ni travesuras presupuestales aisladas. Responden a una lógica perfectamente reconocible. Montos generosos, objetos de gasto lo suficientemente elásticos para que quepa todo y nada, ausencia sistemática de desgloses técnicos y una notable dificultad para saber si el dinero público trabajó o sólo circuló entre oficinas. Todo ello bajo la conducción de la Unidad Centralizada de Compras del Congreso, a cargo de Jorge Vázquez Neri, instancia que, para mayor claridad organizacional, depende de la Secretaría General del Congreso encabezada por Eduardo Fabián Martínez Lomelí, donde la opacidad parece haber encontrado una cómoda estructura jerárquica.
Y si algo queda claro tras revisar estos contratos, es que la Secretaría General del Congreso parece haber descubierto una fórmula inédita de administración pública, una en la que una limpieza cuesta como una remodelación, una fuga de agua con tubería común adquiriere un valor propio de infraestructura estratégica, y la tecnología legislativa alcanza precios de Silicon Valley sin salir del Centro de Guadalajara.
Porque en este Congreso no se gasta, se “invierte” con entusiasmo y con gozo. No se exagera, se “optimiza” el presupuesto; y no se rinden cuentas, se confía en que nadie pregunte demasiado. En suma, en la Secretaría General del Congreso parece haberse modernizado algo, aunque no precisamente sus leyes, sino su capacidad para hacer del dinero público una obra de ingeniería presupuestal tan creativa, rentable y como digna de desconcierto.