La protesta social es un derecho emanado de la Constitución, que se deriva del libre ejercicio de: la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación. El derecho a la protesta social significa un elemento consustancial de las democracias. Es, el derecho de los ciudadanos y organizaciones para expresar la disidencia, el desacuerdo y la inconformidad ante las acciones del gobierno.
La protesta social es una valiosa herramienta de defensa y garantía de muchos otros derechos, que son esenciales para la dignidad de la convivencia en sociedad. En esencia, la protesta social significa un elemento integrador y fundamental del orden democrático’.
Como bien lo advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “la protesta social no pasa por un buen momento en la actualidad. Distintos gobiernos en el mundo han mostrado la dificultad de relacionarse con ella y han cometido, por acción o por omisión, violaciones a los derechos de las personas que se manifiestan. A través de distintos mecanismos, se han tomado acciones de diferente nivel para intentar limitar las voces disidentes y los espacios de protesta”.
Jalisco acusa una crisis en el respeto a los derechos humanos, un tristemente célebre primer lugar en la cifra de desapariciones forzadas, en homicidios dolosos, en feminicidios y en detenciones arbitrarias, como la ocurrida en contra de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, a los que se les dictó prisión preventiva oficiosa, como si se tratara de peligrosos delincuentes.
Castigar con prisión preventiva, el ejercicio del derecho a la protesta y de las libertades de expresión, manifestación y reunión, además por la defensa del medio ambiente y del derecho a una ciudad sustentable, no solamente transgrede derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por instrumentos internacionales; sino que también abonan a aumentar la misma problemática que les dio origen, y por la cual fueron reprimidos.
El uso excesivo de la fuerza, dentro de un contexto general de corrupción y violaciones a las leyes y a los derechos humanos es, a consideración del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, una política errada.
Gabriel Torres