El Mundial 2026 llegará a México acompañado de una promesa conocida. Más turismo, más empleo, más consumo y una vitrina internacional que dejará beneficios más allá de los partidos. El relato oficial ordena la conversación desde grandes cifras. Derrama económica, ocupación hotelera, empleos temporales, audiencia global. Sin embargo, detrás de ese discurso aparece una pregunta menos cómoda. ¿Quién gana con el Mundial y quién termina pagando sus costos?
Las proyecciones hablan de un impacto total de 7 mil 690 millones de pesos y de 15 mil 100 empleos asociados al evento. Al mismo tiempo, hay reservaciones hoteleras entre 70 y 80 por ciento, promociones de última hora y una reducción frente a escenarios más optimistas. Mientras hoteleros calculan una derrama cercana a 10 mil millones de pesos, antes se había proyectado una expectativa de 20 mil millones desde Zapopan. La diferencia revela que el entusiasmo público no siempre coincide con el mercado.
El punto más delicado de todo está en la vivienda, una tema ya de suyo problemático y trastornado en Jalisco. El crecimiento de ‘Airbnb’ y de otras plataformas de estancia corta en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, muestra que el Mundial no sólo atrae turismo. También acelera la transformación de la vivienda en activo especulativo. Cuando los alquileres tradicionales se convierten en hospedajes temporales, la ciudad deja de organizarse alrededor de quienes la habitan y se reorganiza en torno de quienes la consumen durante apenas unos días.
En Jalisco, el aumento de precios de renta de hasta 91 por ciento para las noches mundialistas acusa esa tensión. No se trata de tarifas elevadas durante un evento excepcional. Se advierte un incentivo que ya perjudica de manera permanente el mercado de vivienda. Si para propietarios e inmobiliarias resulta más rentable alojar visitantes que sostener contratos habitacionales, la consecuencia previsible es menos oferta para residentes, arrendamientos más caros para los habitantes de Jalisco y expulsión gradual de vecinos, con tramos más distantes entre trabajo y hogar, y más problemas con los servicios básicos, además de más horas en el automóvil.
La ciudad turística suele venderse como una ciudad exitosa. Pero una ciudad donde vivir se vuelve más difícil, no puede considerarse más exitosa. El Mundial puede dejar infraestructura, imagen internacional y actividad comercial. También puede dejar rentas más altas, barrios más expulsivos y una economía urbana más dependiente del visitante que del habitante.
Por eso importa revisar hacia dónde se orienta el gasto público. En Jalisco, el contrato de 300 millones de pesos adjudicado a OCESA para el ‘Fan Fest’ abre otra discusión delicada. No se trata de negar la importancia de organizar eventos masivos ni de desconocer que un Mundial exige coordinación y servicios. La pregunta es otra. ¿El gasto público está priorizando legado urbano y bienestar social, o espectáculo y consumo temporal? Cuando una erogación de esa magnitud se compara con presupuestos asignados a progrmas sociales y de vivienda, la respuesta ya no es financiera, se vuelve política.
La inversión pública está subsidiando una rentabilidad privada muy concentrada en unos cuantos. Se mejoran corredores turísticos, se embellecen zonas con alta presencia de hospedaje temporal y se generan condiciones para que ciertos actores capturen la plusvalía del evento. Mientras tanto, los costos urbanos se distribuyen de manera amplia. Más presión sobre la movilidad, más tensión sobre los servicios y mayor dificultad para acceder a vivienda.
El Mundial no debe asumirse desde el rechazo, pero mucho menos desde la euforia acrítica en el debate. Debe examinarse desde la responsabilidad pública y desde sus efectos reales sobre la ciudad. La derrama económica pierde sentido cuando se concentra en pocos sectores. La promoción internacional se vuelve insuficiente cuando encarece la vida de quienes sostienen todos los días el territorio que se presume ante el mundo. El verdadero legado del Mundial no estará en los días de partido, sino en la capacidad de evitar que la ciudad termine siendo más rentable para el visitante, que habitable para sus propios ciudadanos. La ciudad no puede ser souvenir.