En Jalisco, la ciudadanía ha comenzado a mirar con buenos ojos un instrumento político que parecía olvidado en los cajones de la legislación: el plebiscito. Esta figura de democracia directa fue legislada en 1998. Nuestro estado fue pionero en la aprobación de una Ley de Participación Ciudadana que contemplaba desde entonces mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. No obstante, ha sido más una promesa que una práctica. Hoy, ante el debate acalorado respecto del transporte público y la implementación de la Tarjeta Única como requisito para acceder a subsidios, una parte de la sociedad jalisciense solicita ejercer su derecho a participar directamente en los asuntos que le incumben.
En apenas diez días, más de veinte mil firmas fueron recolectadas por colectivos, superando por más de cuatro veces el umbral legal requerido. Este gesto de organización cívica demuestra no solo el agotamiento ante decisiones verticales, sino una madurez democrática que ya no acepta ser espectadora pasiva de decisiones que impactan su vida diaria y la economía familiar.
Para algunos, el plebiscito puede ser percibido como una amenaza. Se teme perder el control sobre decisiones clave. Sin embargo, lejos de debilitar al gobierno, esta herramienta puede fortalecer su legitimidad. Convocar a un plebiscito sobre asuntos importantes respecto del transporte colectivo y la Tarjeta Única, permitiría redistribuir la responsabilidad política de una medida impopular, fortalecer la gobernabilidad democrática al canalizar institucionalmente el disenso y proyectar una imagen de apertura y confianza en la sociedad. Si el resultado de la consulta respalda la medida, esta ganaría un blindaje democrático difícil de rebatir. Si la sociedad la rechaza, el gobierno tendría la oportunidad de corregir el rumbo y replantear su política siendo empático con sus votantes.
Eso sí, siempre que las autoridades electorales no obstaculicen el proceso con lecturas restrictivas o subterfugios legales. Lo que está a debate es el derecho a decidir colectivamente sobre políticas que afectan la movilidad, el acceso a servicios y el uso del dinero público. Cuando la ciudadanía se activa y el gobierno consulta, ambos salen fortalecidos.