La gestión de los residuos en el Área Metropolitana de Guadalajara es un monumento a la impunidad y a la corrupción, y en su cúspide se encuentra la empresa Caabsa Eagle, cuya historia de incumplimientos y beneficios políticos ha moldeado la crisis ambiental que hoy azota a municipios como Tonalá, El Salto y Guadalajara. Desde su llegada en 1994, Caabsa ha operado bajo un modelo de privilegios cimentado en la complacencia de las autoridades, el tráfico de influencias y el desprecio absoluto por las normas ambientales y la salud pública.
La empresa, que obtuvo la concesión para la recolección y disposición de residuos en la capital jalisciense hace tres décadas, ha eludido sistemáticamente las sanciones por sus fallas, sin importar la gravedad de las mismas. Uno de los ejemplos más claros de esta dinámica es el relleno sanitario de Los Laureles, en Tonalá, cuya vida útil inicial de tres años se extendió repetidamente gracias a gestiones opacas que ignoraron los riesgos ambientales. Lo que comenzó como un sitio temporal para la disposición de basura, terminó convirtiéndose en un problema perpetuo. A casi diez años de su apertura, ya se acumulaban denuncias por derrames de lixiviados, contaminación de ríos y lagunas, y emisiones de gases tóxicos, con sanciones que jamás se tradujeron en una verdadera acción correctiva.
El colmo llegó en 2016, cuando la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente clausuró una ampliación del relleno que no contaba con un estudio de impacto ambiental ni autorización gubernamental. A pesar de esto, Caabsa logró reabrir el sitio gracias a una afirmativa ficta y un amparo del Tribunal de Justicia Administrativa. Esta estrategia, que raya en el cinismo, no solo perpetuó la operación del relleno, sino que normalizó un esquema donde las instituciones públicas se convirtieron en aliadas de una empresa que opera al margen de la ley.
La historia no termina ahí. En 2019, un incendio en Los Laureles arrasó con 8.2 hectáreas y contaminó el aire durante más de una semana. Los habitantes de los alrededores, que ya sufrían los efectos de años de mala gestión de residuos, vieron agravados los problemas de salud que enfrentan debido a la acumulación de desechos, los gases tóxicos y la contaminación de mantos acuíferos. La respuesta de las autoridades fue la misma: silencio, permisos irregulares y nuevas concesiones.
En 2021, se anunció el cierre definitivo de Los Laureles. Sin embargo, en junio de 2023, el propio gobernador Enrique Alfaro reconoció que el avance del cierre era apenas del 35%. El plan de clausura, elaborado por la misma Caabsa, se convirtió en una burla más: una empresa que durante años había ignorado las normas ambientales se encargaba ahora de diseñar su propia salida. Mientras tanto, el relleno sanitario de Coyula/Matatlán, que también había sido clausurado oficialmente en 2007, fue convertido en una estación de transferencia sin cumplir con los procesos de cierre estipulados en la NOM 083-SEMARNAT-2003.
La empresa, en su insaciable afán de lucro, ha sido señalada repetidamente como la beneficiaria de un esquema de complicidad política. En 2016, se otorgó a Caabsa una extensión de su concesión por 15 años más, a pesar de que la vida útil de Los Laureles era de solo 14 meses. Este pacto, que puso en riesgo la salud de miles de personas, refleja el profundo entrelazamiento entre la empresa y las estructuras de poder en Jalisco.
Incluso, en medio de una crisis de recolección de basura, como la que se vivió en 2021-2022, Caabsa se mantuvo como la única opción para muchos municipios. Los alcaldes, incapaces de garantizar el servicio con recursos propios, se vieron obligados a depender de una empresa que, con su historial de negligencia, debería haber sido expulsada del sistema de recolección hace años. Pero no solo los gobiernos locales han fallado. El sistema judicial ha sido un actor clave en esta trama congelando amparos, y protegiendo los intereses de la empresa, a costa de los derechos de los ciudadanos. Las familias de estas comunidades no solo enfrentan enfermedades respiratorias y problemas gastrointestinales, sino también el desamparo de un sistema que prioriza las ganancias privadas, sobre la calidad de vida de sus ciudadanos.