En 2024, el gobierno de Jalisco anunció que había logrado “revivir” el río Santiago. La campaña presumió plantas de tratamiento, colectores, monitoreo y millones de pesos invertidos. Para sostener aquel relato bastó mencionar la reducción de sulfuros, sin precisar cifras, mientras se gastaban 1.4 millones de pesos en difundir la hazaña. Dos años después, la realidad vuelve a imponerse sobre la propaganda.
La Secretaría de Medio Ambiente federal confirmó la presencia de metales pesados en el sistema Lerma-Santiago. No es una revelación inesperada, sino el reconocimiento tardío de una tragedia denunciada durante décadas por comunidades, investigadores y organizaciones civiles. Los datos de la propia Comisión Estatal del Agua ya contradecían la resurrección gubernamental. En 2024, apenas dos puntos de muestreo alcanzaron el nivel mínimo de oxígeno necesario para sostener vida acuática. En los demás, el río seguía agonizando.
El problema no consiste únicamente en cuánto dinero se invierte, sino en qué se atiende y qué se decide ignorar. Las plantas de tratamiento pueden reducir descargas domésticas, pero no fueron diseñadas para eliminar metales pesados ni los residuos de la actividad industrial. La contaminación más peligrosa permanece prácticamente intacta, porque regularla implica inspeccionar empresas, transparentar descargas y aplicar sanciones.
En Jalisco existen cerca de 43 mil permisos y concesiones de descarga. Sin embargo, las inspecciones de Conagua disminuyeron de un promedio anual de 270 entre 2010 y 2018, a solo 66 entre 2019 y 2025. Los gobiernos conocen el tamaño del problema, pero han debilitado deliberadamente su capacidad para vigilarlo. Peor aún, los informes entregados por las propias empresas permanecen ocultos bajo el argumento del secreto fiscal. Los contaminadores generan la información, la autoridad la resguarda y las poblaciones absorben las consecuencias.
En habitantes de El Salto, Juanacatlán, Mezcala y San Pedro Itzicán se han detectado concentraciones de plomo y aluminio. Las investigaciones advierten daños neurológicos, enfermedades renales, alteraciones en el aprendizaje, abortos y malformaciones congénitas. Más de 200 mil personas están expuestas, incluso por el aire, a micropartículas y compuestos tóxicos dispersados por la cascada.
La muerte de Miguel Ángel López Rocha en 2008, la macrorrecomendación de 2009 y las medidas cautelares de la CIDH en 2020 debieron marcar un límite. No ocurrió. Dieciocho años después, la respuesta oficial incluye trampas flotantes, árboles y murales, mientras las descargas industriales continúan igual.
El Santiago necesita autoridades dispuestas a impedir que la rentabilidad privada siga financiándose con enfermedad pública. La autoridad conoce el veneno, oculta sus fuentes y no sanciona a quienes lo vierten. El Santiago no está muerto por contaminación, sino por impunidad.