La contaminación del Río Santiago, en Jalisco, ha sido un problema persistente y crítico que afecta tanto a las comunidades colindantes como al medio ambiente. En 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Macro Recomendación 1/2009, en la que se instaba a 14 municipios del estado, entre ellos varios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y al gobierno estatal a tomar medidas concretas para detener el daño ambiental y proteger los derechos humanos de los habitantes.
La Recomendación 134/2022, emitida el 30 de junio de 2022, reitera los compromisos incumplidos de la Macro Recomendación 1/2009 y señala, además, a diversas autoridades como responsables de la situación. A pesar de las inversiones y los esfuerzos declarados, los resultados no son alentadores. El documento es claro al afirmar que ninguna autoridad, de los tres niveles de gobierno, ha logrado garantizar lo que se conoce como el mínimo vital en términos de servicios de salud y saneamiento, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la salud, al agua ya un medio ambiente sano.
En cuanto a los efectos en la salud, estudios realizados por la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil han detectado que 24 niños padecen esta enfermedad renal en estado I y dos en estado III. La contaminación del Lago de Chapala, alimentado por varios ríos contaminados, ha sido objeto de análisis por parte de científicos de la UNAM y la Conagua, quienes han encontrado altas concentraciones de metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y hasta arsénico en algunas zonas del lago.
A la luz de estos hallazgos, resulta evidente que las autoridades, en todos los niveles, han fallado en proteger tanto el medio ambiente como la salud de los habitantes. A pesar de las inversiones declaradas y los convenios firmados, la realidad es que las comunidades siguen expuestas a altos niveles de contaminación, y los avances en el saneamiento del río Santiago resultan insuficientes. La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el uso de argumentos financieros para justificar la inacción, perpetúan una situación que continúa cobrando vidas y afectando gravemente la calidad de vida en Jalisco.