La llamada “Operación Enjambre” no es un operativo más contra la corrupción administrativa, es el síntoma más visible de una patología estructural de los gobiernos. La detención de más de 60 servidores públicos, entre ellos al menos tres presidentes municipales, desde finales de 2024, confirma que el municipio se ha convertido en el eslabón más vulnerable para la infiltración del crimen organizado.
Los datos son elocuentes. Desde 2018, al menos 25 alcaldes han sido detenidos en diez estados del país, varios de ellos en funciones, provenientes de prácticamente todos los signos partidistas. No se trata, por tanto, de una desviación ideológica o de una anomalía aislada, sino de un patrón que expone la fragilidad institucional de los gobiernos locales. Como advierten los informes de Data Cívica y México Evalúa, la violencia, las amenazas y los asesinatos han forzado a numerosas administraciones municipales a establecer mecanismos informales de “protección”, intercambio de favores y regulación criminal del territorio.
La “Operación Enjambre”, coordinada con autoridades federales, surge tras el hallazgo de una fosa clandestina en Nicolás Romero, Estado de México, y destapa redes de colusión que operaban desde el interior de los ayuntamientos, con directores de seguridad, mandos policiales, jefes de gabinete y alcaldes convertidos en engranajes de economías criminales basadas en la extorsión, el secuestro y el homicidio.
Jalisco ofrece otro espejo incómodo. La detención del alcalde de Teuchitlán y, posteriormente, del presidente municipal de Tequila, exhiben un modelo de captura territorial en el que el ayuntamiento se transforma en oficina de cobro del crimen organizado. Las cuotas mensuales impuestas a artesanos, vinaterías, gasolineras y grandes empresas (algunas por millones de pesos) muestran cómo la extorsión se institucionaliza bajo la apariencia de legalidad administrativa. Las investigaciones federales apuntan incluso a pactos directos con el crimen para financiar campañas, controlar policías municipales y garantizar impunidad.
La lección de la “Operación Enjambre” es que el problema en muchos municipios es la normalización de un sistema, donde gobernar y delinquir se vuelven actividades indistinguibles.