La reciente decisión del Comité Técnico Tarifario de Jalisco, más que un fallo técnico, es una operación política encubierta en cifras, fórmulas y justificaciones que no resisten el más básico examen normativo. El aumento de la tarifa a 14 pesos en el transporte público en Guadalajara y Puerto Vallarta ha sido presentado como “inevitable”, necesario y socialmente amortiguado por un esquema de subsidios condicionado al uso de una ¿tarjeta bancaria? Sin embargo, el fondo revela otra cosa. Se trata de un proceso plagado de irregularidades, opacidad técnica y un profundo desprecio por los usuarios del sistema.
El cálculo tarifario que presentó la Secretaría de Transporte (Setran) se aparta de los lineamientos normativos que rigen el método técnico. La dependencia sobreponderó el precio de los combustibles por encima del límite normativo (43.12 %, frente al 40.89% permitido) y aplicó una ponderación incorrecta al Índice Nacional de Precios Productor y al salario mínimo, ambos ligeramente superiores a los topes establecidos. Más grave aún es que la estimación de uso de combustibles parte de datos falsos, pues se sostuvo que el 12% de las unidades usan gas natural comprimido (GNC), cuando el padrón oficial indica apenas 0.22%.
No se trata de un mero error aritmético, sino de una manipulación metodológica deliberada para justificar el aumento. La tarifa multianual (proyectada sin votación del Comité, como establece el protocolo) fue impulsada unilateralmente por la Setran, en un acto que vulnera el procedimiento técnico de validación.
En un contexto donde más de la mitad de los usuarios no está dispuesta a pagar más por el servicio y el 72 % desconoce que existe un subsidio estatal, imponer un alza tarifaria sin un consenso mínimo, es no solo una omisión democrática, sino una expresión autoritaria. El relato del subsidio, de tres pesos por pasaje con Tarjeta Única, no disimula el hecho de que quienes no accedan a este nuevo instrumento bancarizado pagarán el costo total. La tarjeta, operada por la “fintech” Broxel, es la puerta de entrada a una política de exclusión digital, que impone barreras de acceso a adultos mayores, personas en situación de calle, y sectores marginados sin conectividad o sin bancarización previa.
Más que una herramienta de movilidad, la Tarjeta Única parece el caballo de Troya de un sistema de control poblacional con ambiciones de clientelismo digital. Se dice que esta tarjeta permitirá acceder a programas sociales, servicios médicos, remesas, incluso créditos hipotecarios. ¿Qué tiene que ver todo esto con movilidad? Pero tiene mucho que ver con un proyecto de vigilancia algorítmica y bancarización forzosa que utiliza el transporte como anzuelo, y al subsidio como moneda de cambio electoral.
Bajo el argumento de ampliar el acceso al subsidio del transporte público, se articula con la Tarjeta Única un mecanismo que busca registrar, digitalizar y vincular a toda la población del estado a una base de datos centralizada. Se trata de la vulneración del derecho a la privacidad, la posibilidad de uso electoral de los datos y la normalización de la bancarización obligatoria como condición para ejercer un derecho. Usuarios condicionados al empadronamiento tecnológico.
Frente a esta arbitrariedad, no extraña que se preparen movilizaciones. El tarifazo, lejos de reflejar un criterio técnico, desnuda la lógica que simula eficiencia, mientras perpetúa desigualdades estructurales. Como lo muestra el estudio Imeplan-Kaliope, el sistema presenta deficiencias operativas profundas, con rutas saturadas, unidades deterioradas, tiempos de espera excesivos y una experiencia desigual para los usuarios. La percepción negativa del servicio no es una reacción emocional, sino el resultado acumulado de decisiones de autoridad que priorizan el negocio del concesionario, por encima del derecho a la movilidad de las personas.
El transporte público, más que un negocio, es un derecho. No puede seguir siendo definido por cálculos opacos, cifras infladas y soluciones bancarias que agravan la exclusión. La tarifa debe ser justa, transparente, y el servicio digno. Mientras eso no ocurra, cualquier aumento será ilegítimo. Porque no hay tarifa técnica que pueda justificar la injusticia.